Denuncia pública: la atención primaria ya no responde como debería:
Llamo al centro de salud de Colloto para pedir cita con mi médica de cabecera. Me dan para siete días después, tras innumerables llamadas. Ya al médico de cabecera no se le puede llamar de cabecera, es de espera. Una semana para una consulta de atención primaria ya sobrepasa lo asumible.
No es un caso aislado ni una incidencia puntual. Es el funcionamiento habitual del sistema en demasiados centros de todas las comunidades.
La pregunta no es qué ha pasado hoy. La pregunta es por qué esto se ha normalizado.
Porque esto no es normal. La atención primaria es, según la propia Organización Mundial de la Salud, la base de los sistemas sanitarios eficaces: el primer nivel asistencial, el que debe garantizar prevención, seguimiento y resolución ágil de la mayoría de los problemas de salud. Cuando ese nivel falla, todo el sistema se resiente.
Y aquí está fallando en el tiempo de respuesta. Y además, en este caso, en la eficiencia y el trato. Cansado de tratar con tantos médicos, nunca me había encontrado con una situación así. No la definiré por respeto a mí mismo.
El médico de familia no es un recurso secundario. Es la puerta de entrada al sistema sanitario. Es quien detecta a tiempo, quien orienta, quien evita complicaciones mayores y colapsos en urgencias. Y, aun así, esa puerta está cada vez más lenta.
He conocido en este mismo centro a médicos como el doctor Adolfo y, especialmente, María Teresa. Profesionales con vocación real, cercanos, eficientes, implicados. Hubo y hay otros en el mismo centro de salud igual de entregados a los pacientes, no los traté. No hablo en abstracto, hablo de experiencia directa. También sé que existen hoy médicos que trabajan bajo una presión difícil de sostener. El problema no es individual en la mayoría de los casos; en el referido, sí.
El problema es estructural.
El propio Código Deontológico de la profesión médica establece el deber de atención diligente, continuada y centrada en el paciente. Pero cuando el sistema obliga a atender con retrasos de varios días, ese principio deja de depender solo del profesional y pasa a depender de una organización que no está funcionando.
No es razonable que una consulta básica se demore una semana. Médicamente no lo es. Asistencialmente tampoco. Porque lo que no se atiende a tiempo no desaparece: se desplaza. A urgencias, a la farmacia o a la sanidad privada para quien puede permitírselo. Se cronifica, se agrava y se traduce en vidas que corren riesgo.
Y eso ya está ocurriendo.
Hoy, ante la imposibilidad de ver a su médico, muchos pacientes recurren directamente al farmacéutico. Otros a urgencias. Otros a consultas privadas. No por comodidad, sino por necesidad. Y eso revela un fallo claro del sistema de base.
Antes, en este centro (teniendo en cuenta el aumento vecinal) había uno o dos médicos; ahora hay más, y aun así las listas de espera crecen. La pandemia introdujo la atención telefónica como solución temporal, pero en muchos casos se ha convertido en una barrera más entre el paciente y su médico.
La sensación que queda en demasiados casos es que el paciente ha pasado de ser el centro del sistema a ser una carga que se intenta encajar.
Y no es aceptable.
Porque este sistema lo financian los ciudadanos. Cada consulta, cada retraso, cada decisión organizativa se sostiene con dinero público. Y lo mínimo exigible es que funcione en plazos compatibles con la propia naturaleza de la atención sanitaria.
Lo más grave ya no es solo el retraso. Es la normalización del retraso. Que se asuma como inevitable. Que no genere reacción.
Mientras tanto, las consecuencias son reales: diagnósticos que llegan tarde, tratamientos que se retrasan, pacientes crónicos desatendidos en su seguimiento y urgencias cada vez más saturadas.
Y en paralelo, el debate público se pierde en cifras aisladas -cinco días aquí, siete allí- sin afrontar el problema de fondo: la atención primaria no está respondiendo con la agilidad que su función exige.
Esto no es una crítica a personas concretas. Es una crítica a un sistema que, tal como está funcionando, no garantiza lo esencial. Si añadimos que todavía osan ir a la huelga, este armatoste público se tambalea sin remedio. Mejor cerrarlo y empezar de cero. Está todo mal, y va a peor. Necesita reestructuración total.
Porque la medicina que llega tarde deja de ser medicina útil.
Y cuando eso se convierte en rutina, el sistema deja de proteger a quien más lo necesita.
Colloto es hoy un ejemplo. Pero no es el único.
Y lo que está en juego no es una opinión: es la capacidad real de la sanidad pública para cumplir su función básica.
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