Cuando una puerta se cierra, otra se abre...
Cuando la enseñanza privada puso precio a mi formación, supe que no era para mí. Cuando entré en la pública, nadie me preguntó cuánto tenía en el bolsillo.
Vengo de una familia donde estudiar no era un camino asegurado, sino una oportunidad construida con esfuerzo y constancia. Formarme en la enseñanza pública, en instituto y universidad, fue la prueba más clara de lo que significa la igualdad de oportunidades: que el origen económico no debería decidir el futuro. Estudiar fue posible también gracias a las becas, financiadas con los impuestos de todos, que convierten ese principio en realidad.
Ese es el punto clave: el dinero no debería ser nunca un obstáculo para aprender. La educación pública lo garantiza, permitiendo que el talento y el esfuerzo estén por encima del bolsillo.
Sin embargo, el crecimiento de la formación privada en FP y universidad apunta en otra dirección: miles de jóvenes ya pagan hasta 9.000 euros por estudiar, mientras aumentan las universidades privadas con ánimo de lucro.
Cuando aprender depende del dinero, la igualdad de oportunidades se debilita. Y con ella, la justicia social. Defender la enseñanza pública es defender que nadie quede fuera por su situación económica.
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