Prioridad nacional
Recientemente, se viene suscitando una intensa polémica en torno a la expresión "prioridad nacional", cuyo alumbramiento, como es de sobra sabido, corresponde a Vox. La esencia de esta alocución fue expuesta en el Congreso por Pepa Rodríguez de Millán, en la interpelación hecha al Gobierno el pasado 15 de abril, con un contundente "primero, los nuestros; primero, España y los españoles".
Esta orientación de las políticas públicas se está reflejando en varios programas de gobierno autonómicos. Así, en el Acuerdo de Gobierno PP-Vox Aragón, con el título "prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas", se pacta que (sic): el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
A nivel autonómico, al menos en ciertas materias, la implantación de esta política tiene un muy limitado recorrido real. Por ejemplo, respecto de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), establecida por la ley 3/2021, tienen que hacerse las siguientes puntualizaciones.
En primer lugar, la PACIMV es una prestación económica asistencial, prevista para personas carentes de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas, de carácter subsidiario al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es decir, que para ser beneficiario de la prestación se requiere no tener derecho al IMV.
Recuérdese que el IMV es una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas sin recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Por tanto, al poder beneficiarse de la PACIMV personas a las que la legislación estatal deniega el IMV, es difícil que la regulación autonómica de aquella pueda inspirarse en el principio de "prioridad nacional", salvo que se admita que a nivel nacional ya se está aplicando, sin hacerlo explícito, algo similar.
Para tener una idea cabal de lo que está en juego conviene señalar que la Seguridad Social destinó el año pasado al IMV la suma de 4.531,80 millones, en tanto que el Gobierno de Aragón gastó 313.949 en la PACIMV.
En todo caso, para ser beneficiario de la PACIMV, además de no tener derecho al IMV, se exige haber estado empadronado y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la CCAA al menos con un año de antelación a su solicitud.
En conclusión, la apelación al principio de "prioridad nacional", entendido como los españoles antes que los extranjeros, en materia de la PACIMV es, aparte de innecesaria jurídicamente, intrascendente en términos económicos, pero sí muy efectista como reclamo para un determinado posicionamiento ideológico, ya sea de derechas (a favor, por destinar los recursos públicos, en primer lugar, a los españoles) o de izquierdas (en contra, por ser la manifestación de una actitud xenófoba).
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