Libertad de prensa, entre la violencia y la impunidad
El día 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y con motivo de ello quiero referirme a la difícil situación que atraviesan muchas de las personas que ejercen el periodismo o que informan a través de redes sociales, porque en muchos países del mundo estas personas sufren amenazas y agresiones, son encarceladas e incluso asesinadas.
La libertad de prensa dista mucho de ser un derecho plenamente garantizado en 2026. No lo es en territorios devastados por la guerra, donde los periodistas se convierten en víctimas directas de la violencia. Tampoco en regímenes autoritarios, donde la censura, las amenazas y la persecución marcan los límites de lo publicable. Y se encuentra gravemente debilitada en contextos donde el poder político convive con la violencia criminal, obligando a los profesionales de la información a ejercer su labor entre el silencio, el miedo y la autocensura.
Incluso en aquellos países donde formalmente existe, la libertad de expresión se ve erosionada por presiones, intimidaciones, encarcelamientos y restricciones invisibles pero efectivas. Así lo recoge el último informe anual de Amnistía Internacional, que alerta de un deterioro global en las condiciones para el ejercicio del periodismo.
La forma más extrema de esta vulneración son los asesinatos de periodistas. En 2025, al menos 129 profesionales de la información fueron asesinados en todo el mundo. Especialmente grave resulta la situación en Palestina, donde decenas de periodistas perdieron la vida en el contexto del conflicto. A ello se suma la persistente peligrosidad de países como México, donde ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo. Casos como el del periodista Alberto Amaro, acogido temporalmente en Asturias bajo un programa de protección de Amnistía Internacional el pasado año, evidencian que ni siquiera el exilio temporal garantiza la seguridad frente a amenazas constantes. A su regreso al país, Alberto Amaro ha continuado recibiendo amenazas y temiendo por su vida, a pesar de contar con escoltas y un sistema de seguridad del Estado mexicano.
En América Latina, Colombia registró cientos de ataques contra la prensa en un solo año, incluyendo asesinatos y tentativas de homicidio. Pero la amenaza no se limita a la violencia física. En numerosos países, los gobiernos han recurrido a mecanismos legales y administrativos para silenciar voces críticas: desde el cierre de emisoras en Mozambique hasta la suspensión de medios en Benín o las restricciones informativas en Uganda y Kenia.
Estos hechos no son aislados. La violencia directa, la vigilancia, el abuso de marcos legales y la impunidad conforman un entramado que debilita sistemáticamente la libertad de prensa. Y, con ello, se erosiona también el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz y plural.
Defender la libertad de prensa no es solo proteger a quienes informan, sino salvaguardar uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad democrática.
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