Dependencia, un derecho que no puede esperar
No hace tanto tiempo, cuando oía hablar de "la dependencia" me sonaba lejano, era algo que no asociaba con las personas mayores y las necesidades que tienen al cumplir años de una atención personalizada a sus limitaciones de movilidad y salud. Es verdad que el nefasto gobierno de M. Rajoy ocultó esta ley, anulando cualquier financiación para su implantación y dando a entender que no era imprescindible.
Ahora, con más edad y al preocuparme de las personas con limitaciones, escuchar a los familiares que soportan con más resignación que soluciones las circunstancias difíciles que viven con sus progenitores, la mayoría de las veces a cargo de un familiar -mujer- que debe renunciar a su vida propia para cuidar de sus padres, me alarman las dificultades que existen para el desarrollo del sistema (SAAD).
Los problemas de implantación plena de la ley de la dependencia son muchos: salarios bajos para los profesionales asignados, escasez de plazas públicas en residencias por no disponer de dos mil euros para ir a un centro privado y la espera en condiciones precarias de salud con muchas incertidumbres para la familia.
Pero esto debe cambiar, porque estamos todos y todas condenados a pasar por esa situación ante el envejecimiento galopante de una sociedad que, salvo pagar pensiones -mejoradas-, ha dejado de lado a los abuelos. La especialidad de geriatría, fundamental en la sanidad pública, no existe salvo excepciones y la mayoría de los pacientes terminan convirtiéndose en clientes preferentes de los laboratorios con unas medicaciones sobrecargadas.
No son de recibo las demoras en resolver los expedientes, siendo recurrentes los cuidados en el entorno familiar. Ya sé que la mayoría prefiere quedarse en su propia casa, pero para ello deben contar con la asistencia de cuidadores profesionales y no sobrecargar sobre sus descendientes una tarea para la que no están suficientemente preparados (ni pagados).
El gasto estimado en dependencia en nuestro país está en torno al 0,7% y es insuficiente, pues debe alcanzar el 2%. Y si se establece un plazo máximo de 180 días es para cumplirse, dando las explicaciones y soluciones oportunas cuando se sobrepasa.
La ley de la Dependencia no es un problema de un partido, sino de toda la clase política, es un compromiso social con las personas mayores que no admite disputas. Por eso el día 5 de mayo saldremos a la calle los pensionistas para reclamar este derecho que no puede esperar. En Asturias, delante de la Junta General del Principado.
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