Sobre el monumento a los «héroes» del Simancas
No me considero «conservador» en términos políticos. Otra cosa distinta es el ámbito del patrimonio artístico, donde entiendo que lo adecuado es preservar aquellos elementos culturales que tengan cierto mérito, con independencia del contexto histórico en el que se crearon o de quienes los impulsaron.
Como integrante de la ciudadanía gijonesa, conozco bien el monumento de los «héroes» adosado al colegio de la Inmaculada. Debo decir que nunca me ha producido ni especial agrado ni rechazo, sino más bien indiferencia. A corta distancia es una construcción discreta, incluso pasa desapercibida. Sin embargo, la percepción cambia cuando se contempla desde lejos, al inicio o a mitad de la calle Cabrales. Entonces sí destaca esa gran cruz que cierra uno de los extremos de la vía.
Desde una perspectiva meramente estética, parece evidente que sus autores -el escultor Álvarez Laviada y el arquitecto Somolinos- concibieron la obra para ser vista desde ese eje urbano, potenciando la perspectiva de la calle.
Ahora bien, si atendemos a la ley de Memoria Democrática, el monumento tiene difícil encaje, ya que constituye un símbolo de exaltación vinculado a soldados del bando franquista que murieron defendiendo el cuartel del regimiento «Simancas». Este hecho sitúa el debate en un terreno complejo, donde confluyen memoria histórica, sensibilidad social y conservación patrimonial.
Precisamente por ello, quizá cabría plantear una solución intermedia. Con voluntad por parte de todas las posiciones implicadas, no parece descabellado buscar una adaptación que permita mantener el valor estético del conjunto sin contravenir la legislación vigente. Una intervención mínima podría adecuar el monumento al contexto actual sin recurrir a su desmontaje, una medida que previsiblemente contribuiría más a la confrontación que a la reflexión.
La reciente decisión del consejero Zapico de ordenar su retirada inmediata recuerda, en cierto modo, algunas reacciones impulsivas del pasado. Josep Pla relataba cómo, durante la proclamación de la II República, se retiraban esculturas sin demasiada reflexión, movidos más por el fervor del momento que por un análisis sereno de su significado. En un caso, incluso, se justificaba la destrucción de una figura histórica (la reina Berenguela de Castilla) por una confusión anecdótica (el general Berenguer, presidente del último gobierno monárquico).
Otra historia ilustra bien la reversibilidad de estas decisiones: cuando se retiraron determinadas esculturas de la «Iglesiona», el periodista Ovidio Gondi advirtió de que tal vez algún día volverían a colocarse. Y así ocurrió tiempo después.
Todo ello invita a pensar que las decisiones drásticas en materia simbólica rara vez cierran los debates; más bien tienden a reabrirlos con el paso del tiempo. Es probable que medidas como esta alimenten la polarización y que el monumento acabe regresando en el futuro, impulsado por el inevitable cambio político.
Quizá convendría recordar que el patrimonio, incluso el más incómodo, forma parte de la memoria colectiva. Gestionarlo exige algo más que urgencia: requiere prudencia, contexto y voluntad de entendimiento.
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