Extremismos, corrupción y políticos del montón

Cuando la ética desaparece del pensamiento político, viene a ocupar su lugar la ilegalidad. Y cuando la Justicia se pone al servicio de un color político, social y económico, la ilegalidad adquiere dimensiones de impunidad, la igualdad ante la ley queda proscrita y la discriminación por motivos ideológicos desampara a una parte importante de la ciudadanía: aquel sector de la población que no se siente identificado con los mismos ideales que defiende de forma mayoritaria y procaz el Poder Judicial. Esta desigualdad ante la ley asciende hasta el último peldaño institucional en el caso de la inviolabilidad del monarca, una forma de trasladar al siglo XXI la protección jurídica del Rey redactada en la Constitución de Cádiz de 1812. El resultado de tal anacronismo, rescatado en los albores del siglo XIX para la Parte Orgánica de la Constitución de 1978, reside en Abu Dabi.

Desde aquella proclama aznariana culpando a la banda terrorista ETA de los atentados del 11 de marzo de 2004, en un intento desesperado por no perder unas elecciones que horas antes tenía ganadas, hasta la más reciente ofensiva ultrarradical y antidemocrática "el que pueda hacer que haga" -podría redondear la orden añadiendo: "L'État, c'est moi"-, transcurrieron cerca de 22 años, espacio de tiempo en el que la derecha española no terminó de digerir una derrota realimentada por la histórica moción de censura socialista contra Mariano Rajoy, acorralado por el mayor caso de corrupción política de esta etapa democrática. De aquellos polvos estos lodos que embarran el panorama sociopolítico para beneficio de agentes inmoderados que solo buscan el debilitamiento del Estado bajo un discurso ultranacionalista identitario que se suma a la corriente del mismo signo que recorre las democracias occidentales. Y todo esto, bajo el desafío de algunos poderes fácticos y del Estado.

En la actualidad y desde hace algunos años, la fragmentación del Congreso y la radicalización del principal partido de la oposición, hacen de la práctica parlamentaria un "vale todo" menos ejercitar el noble arte de la dialéctica y considerar a la ciudadanía centro del debate resolutivo y no como un medio electoralista. Para atizar aún más el fuego de la discordia, de cuando en cuando, asoman a los medios de publicación, autoerigidos en guardianes de valores eternos, los expresidentes Aznar y González junto a su apéndice García-Page. Ambos expresidentes olvidan, intencionadamente, que lo fueron de unos gobiernos azotados por la corrupción: González, además de mirar para otro lado en el caso de la financiación ilegal del partido, instauró el secuestro sociológico del voto andaluz, línea opaca de actuación que más tarde derivó en la trama corrupta de los ERE, el caso más importante de podredumbre política en la España de las autonomías. De los gobiernos de Aznar podemos decir otro tanto, con el añadido que la deshonestidad pública alcanzó tales cotas de putrefacción estructural que todavía colean, después de llevarse por delante la presidencia de Mariano Rajoy.

De cómo la radicalidad ciega se instala en la sociedad española nos da cuenta Alvise Pérez en el año 2024, asentado en Bruselas desde entonces con el aval que le otorgan 800.000 votos. Más atrás, en 20015, el movimiento ciudadano del 15M, Podemos, bajo las siglas UP (Unidas Podemos), concurre a las elecciones en coalición con otros partidos territoriales e irrumpe en el Congreso con 69 diputados; convertidos en 71 unos meses más tarde, en los comicios de 2016; de ellos, 27, corresponden a los grupos que formaron la coalición territorial en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana. Pasados 10 años y después de diversas disputas internas, Podemos es una sombra errante, un partido de amiguetes que solo cuenta con cuatro diputados integrados en el Grupo Mixto. ¿Cómo explicar el éxito electoral de Podemos en 2016 y su posterior caída, coincidente con el despertar del partido ultraderechista Vox, además de merecimientos propios? Seguramente haya otras interpretaciones plausibles desde el ámbito de la Ciencia Política, pero la más verosímil tiene que ver con el trasvase de una bolsa electoral millonaria hacia cualquier latitud del espectro político que mantenga discursos maximalistas con altas dosis de falsedades y falacias que prometen soluciones rápidas para viejos problemas, de ahí la radicalización discursiva del PP en un intento de pescar en ese caladero. El caldo de cultivo de la intolerancia se nutre del desencanto provocado por el trabajo precario, bajos salarios, la problemática habitacional y, entre otras razones, también y sobre todo, por este clima irrespirable e irresponsable de mediocridad política instalado en la oposición ultraconservadora, que eleva a los altares de las portavocías y cargos de relevancia a bufones provocadores con muy poca calidad democrática. Solo les motiva la animadversión cultural hacia principios empáticos y un elevado afán destructivo. Sufren la patología de la fobia ideológica hacia toda postura progresista. En el caso de Núñez Feijóo, a la fobia se suman la falta de liderazgo, una demostrada incompetencia política y un temor casi enfermizo a ser defenestrado y devuelto a sus orígenes gallegos.