Truébano y los derechos de los expropiados del HUCA
La polémica sobre el llamado "viejo HUCA" vuelve a ocupar titulares en la prensa asturiana. Una vez más, asistimos a una nueva oleada de informaciones cruzadas entre distintas administraciones públicas que, periódicamente, convierten este asunto en escenario de confrontación política e institucional. Unas veces es el Principado, otras el Ayuntamiento; ayer fueron la justicia o la educación, y hoy el debate gira en torno a la titularidad y el futuro de los terrenos de la antigua Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Covadonga.
Conviene recordar que dichos terrenos, actualmente propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, fueron expropiados en 1943 mediante decreto publicado en el entonces BOPO (Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo), con un fin concreto y explícito: la construcción de una ciudad sanitaria en la zona de Truébano-El Cristo. Ese uso sanitario ha sido la razón jurídica y social que justificó la expropiación de numerosas propiedades y el sacrificio de muchas familias.
Hoy, más de doce años después del traslado al nuevo HUCA, el antiguo complejo sanitario presenta un estado de abandono avanzado, deterioro estructural y creciente insalubridad, convirtiéndose además en un foco de inseguridad en pleno centro de Oviedo. Resulta evidente que ha habido tiempo suficiente para afrontar una solución seria, responsable y respetuosa con la historia y con los derechos afectados.
Por ello, no puede plantearse ningún cambio de uso de estos terrenos sin abordar previamente los legítimos derechos de los antiguos propietarios y sus herederos. La plataforma "Truébano exige justicia", integrada por descendientes de aquellas familias expropiadas, recuerda que estos derechos no han desaparecido con el paso del tiempo ni pueden ser ignorados por conveniencia política o administrativa.
Nuestra reivindicación es clara: cualquier decisión sobre el futuro de los terrenos del viejo HUCA debe contar con transparencia, seguridad jurídica y respeto hacia quienes fueron desposeídos de sus propiedades bajo la promesa de un uso sanitario público. No estamos dispuestos a renunciar resignadamente a unos derechos que consideramos legítimos y plenamente vigentes.
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