Junta Democrática vs. Escaños en Blanco

Por suerte o por desgracia, en las próximas elecciones generales y autonómicas de 2027, el 80% de los españoles y de los asturianos votarán PP, PSOE o Vox.

Ante esta innegable realidad, a mí solo me queda decidir mediante este artículo si votaré al partido político Escaños en Blanco o ejerceré la abstención activa que propone la Junta Democrática.

Al carecer la primera opción de ideología, debo centrarme en indagar sobre la ideología de la segunda, la Junta Democrática, para decidir mi postura final en las elecciones del año que viene.

Es cierto que comparto en gran medida las opiniones que he escuchado y leído en comparecencias y textos de representantes de la Junta Democrática, pero hay tres cuestiones de vital importancia que me gustaría criticar: la primera, con respecto al proceso de elección legislativa que proponen; la segunda, relacionada con la revocación popular; y la tercera, con respecto a la postura de abstención activa como solución iniciadora del proceso constituyente.

Primera cuestión: para la elección del poder legislativo se propone desde la Junta un sistema de voto directo de elección uninominal en distritos electorales de no más de 100.000 habitantes. Según su manifiesto, "toda votación debe tener como fin elegir uninominalmente a los miembros del legislativo con mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector".

Con la idea de formular una elección a través de voto directo en una circunscripción uninominal local se crea una especie de diputado de distrito que vota en función de los intereses de sus votantes directos, introduciendo así una perversa municipalización de incentivos en la Asamblea Estatal.

Por culpa de empeñarse en crear un sistema de representación, y no representatividad, añaden una municipalización que resulta peligrosa en cuanto a la gobernabilidad del poder legislativo, ya que cuando haya que decidir donde gastarse el dinero de las estaciones de tren, todos querrán poner la estación cerca de su casa e invertir en las vías cercanas a sus territorios.

El Parlamento Estatal no puede ni debe llenarse de caciques locales que representen los intereses de una región concreta, para eso ya está el infraestado (municipio).

Si Asturias debe convertirse en un lugar de pensionistas y turistas por el bien común de la organización central que así sea, estableceremos así los recursos económicos en Madrid, los industriales en País Vasco y los turísticos en España con respecto a Europa.

Al final, esas decisiones colectivas fortalecerán la economía de la región con la que compartimos moneda, y precisamente el compartir moneda nos hace colaborar entre nosotros para aumentar la confianza en ella de quienes no la usan, incentivando que la adopten como reserva de valor.

De hecho, cuanta mayor sea esa confianza internacional, mayor será también la fortaleza económica de nuestra región frente a otras regiones monetarias, ya que en un sistema basado en la credibilidad y la capacidad de emisión monetaria respaldada por esa confianza global, una moneda fuerte incrementa la capacidad económica de todos.

En cambio, pelearnos con el municipio de al lado por ver quien tiene la estación de tren más grande no lo hará.

Por eso defiendo la postura de un sistema de circunscripción única para la elección de diputados estatales, dejando el rol del distrito para el sistema infraestatal de municipios.

Segunda cuestión: la introducción de la revocación popular.

Después de criticar y descartar la idea de municipalización de la Asamblea, es cierto que en el caso de la revocación popular sí acepto y defiendo que deba existir un sistema de control sobre los parlamentarios mediante una revocación popular local.

Pero sin circunscripciones locales, ¿cómo controlas de forma municipal a los legisladores estatales?

La única solución posible sería diseñar un sistema donde el legislador viva y trabaje en un municipio de su elección durante toda la legislatura, aunque no haya sido ese municipio el que específicamente le haya elegido.

Ejemplo: al comienzo de la legislatura, cada diputado deberá elegir un municipio (con al menos 30.000 habitantes) en el cual deberá vivir y trabajar durante los años de legislatura. Este municipio tendrá la opción de revocar al legislador mediante la presentación de un número de firmas superior al 10% del municipio junto con una exposición de motivos de revocación, y esas firmas darán paso a un referéndum municipal donde se debe conseguir un quórum de mínimo 50% y una votación de revocación de  mínimo 2/3 de los votos para expulsar de la Asamblea al legislador. También se establecerá un control bimensual presencial donde el legislador deberá comparecer en el municipio e informar sobre la actualidad y el progreso de la Asamblea.

Para finalizar, habiendo resuelto el problema de la municipalización de la Asamblea y la cuestión de la revocación popular, nos queda el último gran problema de la Junta Democrática: se supone que nos debemos abstener para deslegitimar al sistema actual, y cuando consigamos ser mayoría... ¿tendremos legitimidad?

Pero... ¿Cómo se diferencia la abstención activa de la pasiva?

¿Qué fundamento jurídico nos avala en el caso de que esto pase? Porque... ¿no querrá gobernar el que haya ganado aun yendo a votar el 40% de la población?

Definitivamente, está claro que la postura de la abstención activa hoy en día en España es una postura tremendamente idealista, ya que no construye una solución eficaz para el problema que se pretende solucionar y no permite un debate claro por su característica meta jurídica.

Por ello y por lo anterior, en mi opinión, hoy en día la única opción política viable que sirve para presionar al sistema de partidos vigente es votar al partido político Escaños en Blanco para dejar Escaños Vacíos.