Cuatro relatores sobre cinco décadas de incumplimiento
La ONU ha vuelto a señalar a nuestro país por el archivo sistemático de querellas vinculadas a los crímenes del franquismo. Quizá ni esta incapacidad (o falta de voluntad) para abrir la vía judicial sea solo un problema jurídico, ni esta reciente advertencia de la organización internacional se reduzca a una mera reprimenda diplomática. Es, quizá, un problema cultural endémico de España y un severo recordatorio político: las democracias no consolidan su legitimidad sobre el olvido.
La Ley de Memoria Democrática vigente desde octubre de 2022 recogió en su texto las principales demandas planteadas por académicos, organismos internacionales, asociaciones de víctimas y de derechos humanos... salvo la cuestión de los juicios penales. Pero aquí opera una ironía (o grandeza, cada cual que le ponga el sustantivo que prefiera) de la democracia con la que hemos de cargar: se benefician de derechos humanos quienes los vulneraron sin piedad ni miramiento alguno, ya que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional (tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) están dispuestos a dejar de aplicar los institutos de la amnistía, la irretroactividad o la prescripción de hechos. Sin embargo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional son claros: los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden quedar amparados por leyes de amnistía, y eso es precisamente lo que Naciones Unidas nos recuerda (una vez más).
El régimen de 1978 se construyó sobre un consenso de paz política eficaz, sí, pero al mismo tiempo consolidó una desmemoria institucional que convirtió a las víctimas del franquismo en ciudadanos de segunda categoría jurídica. Mientras otros países con experiencias traumáticas similares asumían procesos de justicia transicional, España se erigió como anomalía y optó por el olvido.
Habrá quien defienda que sin tutela judicial efectiva no existe una auténtica garantía de no repetición ni mucho menos de Justicia (con mayúscula)... y estaría en lo cierto, porque lo que realmente debe temer una democracia es que la impunidad termine normalizándose.
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