La factura del turismo no puede pagarla solo el vecino
Cada vez que se plantea una tasa turística surge el mismo debate. Algunos la presentan como un castigo al visitante o como una amenaza para la competitividad de los destinos. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla: quien utiliza unos servicios y unas infraestructuras debe contribuir, aunque sea de forma modesta, a su mantenimiento.
Los turistas disfrutan de carreteras, transporte público, limpieza urbana, seguridad, espacios públicos, patrimonio histórico e incluso de servicios sanitarios cuando los necesitan. Todo ello existe porque generaciones de ciudadanos lo han financiado durante décadas con sus impuestos. No ha aparecido por arte de magia ni es gratuito. Tiene un coste de saturación, construcción, conservación y renovación que recae sobre quienes viven y tributan en esos lugares.
Por eso resulta razonable que quienes vienen a disfrutar temporalmente de esos recursos realicen también una pequeña aportación. No se trata de penalizar el turismo, sino de aplicar un principio básico de justicia y corresponsabilidad.
El problema adquiere una dimensión aún mayor cuando el turismo crece sin planificación ni límites. En numerosos destinos, la presión turística ha contribuido a encarecer la vivienda, a saturar servicios públicos y a transformar barrios enteros hasta hacerlos inaccesibles para sus propios residentes. El beneficio económico existe, sin duda, pero también existen costes que a menudo se reparten de forma desigual.
Mientras unos pocos sectores obtienen importantes ganancias, muchos ciudadanos soportan alquileres más altos, una mayor congestión, dificultades de acceso a determinados servicios y una pérdida progresiva de calidad de vida. La vida se encarece y el empleo se precariza. La factura de ese modelo no puede recaer únicamente sobre quienes ya contribuyen con sus impuestos durante todo el año.
Algunos empresarios defienden un crecimiento turístico sin límites y una expansión constante de la oferta laboral. Es comprensible: más visitantes suelen traducirse en mayores ingresos. Sin embargo, cuando el único objetivo es aumentar cifras sin valorar las consecuencias sociales, el resultado puede ser una economía excesivamente dependiente de actividades de bajo valor añadido, salarios contenidos y una presión creciente sobre los recursos públicos.
Lo mismo ocurre con cualquier fenómeno económico o demográfico. El turismo es positivo. La inmigración también puede serlo. Unidos los dos, como ocurre ahora en España, destroza el bienestar y seguridad de los españoles cuando se hace sin control y aportación económica. Cuando no existe planificación suficiente, inversión pública adecuada ni capacidad para absorber determinados volúmenes, los problemas terminan apareciendo. Negarlo no los hace desaparecer.
Los residentes han contribuido durante toda su vida a construir un entorno seguro, con servicios públicos, infraestructuras y un determinado nivel de bienestar. Es lógico que esperen que quienes disfrutan temporalmente de ese entorno colaboren también en su sostenimiento. No es una cuestión de privilegios ni de exclusión; es una cuestión de equidad. Y no decimos nada cuando facilitamos la entrada y la compra de vivienda a cualquiera que quiera venir de fuera a disfrutar del Estado de bienestar y de derecho que hemos construido entre todos. Resulta curioso ese supuesto altruismo que consiste en entregar lo nuestro, lo levantado con el esfuerzo de generaciones y pensado para el futuro de nuestros hijos, para que otros se beneficien de ello.
No es solidaridad, ni humanidad, ni siquiera hospitalidad. La solidaridad también implica proteger lo que es de todos y garantizar que quienes sostienen el sistema no sean los perjudicados. Lo contrario no es generosidad: es ingenuidad.
La tasa turística no resolverá por sí sola los problemas de vivienda, de saturación o de gestión territorial. Pero sí representa un instrumento razonable para que parte de los costes asociados al turismo sean asumidos por quienes también generan ese uso intensivo de los recursos colectivos.
En definitiva, la discusión no debería centrarse en si la tasa turística existe o no, sino en cómo se gestiona y a qué se destina. Porque la verdadera injusticia no es pedir una pequeña contribución a quien visita un lugar. La verdadera injusticia es que sean únicamente los residentes quienes paguen el coste de mantenerlo.
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo