La discriminación silenciosa de la enfermería en Asturias
Asturias vive un debate intenso sobre la flexibilización laboral en nuestro sistema sanitario, centrado comprensiblemente en la exclusividad médica y en las restricciones para colaborar con la educación superior. Sin embargo, en esta discusión se está ignorando una discriminación flagrante que no solo perjudica a un colectivo esencial, sino que se ha convertido en un auténtico problema de salud pública: el bloqueo sistemático a la compatibilidad de las enfermeras.
Resulta inaceptable que, mientras otros profesionales del servicio público disponen de mecanismos regulados para compatibilizar su labor, asumiendo las penalizaciones normativas correspondientes, las enfermeras se enfrenten a un muro burocrático absoluto. El Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa) lleva años advirtiendo que esta demora es insostenible. Esta limitación no es solo una injusticia laboral; sus consecuencias golpean directamente a la sociedad.
El sector sociosanitario asturiano arrastra una crisis de contratación alarmante. La prestación de cuidados a personas mayores y dependientes sufre una grave desprofesionalización por la escasez de enfermeras. Este vacío constituye un riesgo directo para la población más vulnerable, una carencia que podría aliviarse si se permitiera a las enfermeras del Sespa ejercer de forma complementaria en este ámbito donde son tan necesarias.
Paralelamente, afrontamos una urgencia académica. La llegada de nuevas facultades privadas, que duplicarán las plazas de enfermería, exige el reclutamiento inmediato de docentes con experiencia clínica en activo. Al prohibir la compatibilidad a las enfermeras públicas, estamos condenando a las facultades a cubrir esos puestos con otros perfiles, privando a los futuros profesionales de la salud del referente enfermero indispensable para su excelencia clínica. Dado que el reclutamiento para el próximo curso es inminente, los contratos que se pierdan ahora por esta rigidez administrativa generarán un daño formativo irreversible.
No pedimos privilegios para un uso particular. Reclamamos la corrección de un déficit estructural que debilita nuestro sistema de cuidados. La Consejería de Salud no puede escudarse en la complejidad normativa o en las reticencias ideológicas mientras la realidad le pasa por encima. Aprobar la fórmula de compatibilidad para la enfermería no es un favor corporativo: es un deber urgente de salud pública para proteger la seguridad de los pacientes y garantizar la formación de quienes nos cuidarán mañana.
Esteban Gómez Suárez
Presidente del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa)
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