Cuando Hacienda se retrasa, quien financia al Estado es el contribuyente
Existe una realidad de la que se habla mucho menos que de las subidas de impuestos: el retraso en las devoluciones de Hacienda. Cuando un ciudadano o una empresa tiene una deuda con la Administración, los plazos son estrictos, los recargos llegan con rapidez y los intereses no perdonan. Sin embargo, cuando es la Administración la que debe devolver un dinero que no le pertenece, la urgencia desaparece.
Miles de familias esperan durante meses unas cantidades que no son un regalo ni una subvención. Es su dinero. Dinero que puede significar pagar una dentadura, reparar el coche para ir a trabajar, afrontar una factura inesperada, ahorrar para las vacaciones o, simplemente, llegar con algo de tranquilidad a final de mes.
Cada euro retenido durante más tiempo del necesario supone que el Estado dispone de un dinero ajeno mientras su verdadero propietario espera. Si un ciudadano no puede financiarse gratuitamente a costa de Hacienda, tampoco debería poder hacerlo la Administración a costa de los ciudadanos.
La relación entre el Estado y el contribuyente debería basarse en un principio elemental: la misma diligencia para cobrar que para devolver. Exigir puntualidad al ciudadano mientras la Administración demora sus obligaciones transmite una sensación de desigualdad que erosiona la confianza en las instituciones.
Los contribuyentes no piden privilegios. Piden algo mucho más sencillo: que se les devuelva su dinero con la misma rapidez con la que se les exige cumplir con sus obligaciones. Porque cuando el dinero es del ciudadano, dejar de devolverlo a tiempo no es una cuestión burocrática; es una cuestión de respeto.
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