Hablemos de legitimidad
Cuestionar la legitimidad de Sánchez o del Sanchismo es algo que saca de quicio a los miembros de la Brigada Móvil de Opinión Sincronizada. "La legitimidad ni nos la toquen", ponen preventivamente el grito en el cielo en las tertulias. "Los hay que, más allá de la crítica, niegan la legitimidad del Gobierno", gime dolorido el señor Marañas. Y uno comprueba si, además del trémolo de la emoción, el buen hombre tiene también lágrimas en los ojos. El eco de la memoria llega de lejos: "No faltaron quienes especularon torpemente con el hecho biológico inevitable".
Franco también tuvo su brigada móvil de pensamiento unánime, "los principios fundamentales del Movimiento". Especulemos, pues, un poco y "torpemente" con la legitimidad de Sánchez. Para empezar, cabe distinguir entre "legitimidad de origen" y "legitimidad de ejercicio". Un caso clásico de legitimidad de origen son los pleitos de sucesión dinástica que originaron guerras civiles e internacionales: la sucesión de Carlos II provocó una guerra internacional (1700-1712); la cuestionada sucesión de Fernando VII dio origen a las guerras carlistas, que ensangrentaron España durante medio siglo. La legitimidad de origen se pierde si su depositario se aparta de la legitimidad de ejercicio. Como ocurrió con Víctor Manuel en Italia y Alfonso XIII en España, reyes constitucionales que dejaron de serlo al aceptar sendas dictaduras.
Llegar a la presidencia del Gobierno con una moción de censura es, desde el punto de vista formal, un procedimiento estrictamente constitucional. Ahora bien, en el caso que nos ocupa (que es el de Sánchez) es difícilmente soslayable una cuestión impertinente: ¿Está legitimada una organización criminal para protagonizar una moción de censura? Aclaremos sosegadamente los términos antes de que al señor Marañas le sobrevenga un pipirijate.
Los hombres del Presidente, los que le llevaron a recuperar la Secretaría General del partido y a ganar la Moción de censura, están identificados en sede judicial como dirigentes de "organización criminal". ¿Ya estaba perfilada esa organización cuando los hombres del Presidente se embarcaron en el mítico Peugeot (que era un Mercedes), o fue una ocurrencia que les vino después?
En el primer caso, estaría en cuestión la legitimidad de origen; en el segundo, la de ejercicio. Para mayor abundamiento, la Audiencia Nacional y el Supremo investigan a dirigentes del partido y altos funcionarios del Gobierno como miembros de media docena de organizaciones criminales (mascarillas, Plus Ultra, petróleo, SEPI, cloacas...). Lo bueno es que, de todo esto, Pedro se va enterando poco a poco y a los que le tenían que haber informado (Ministro del Interior, Directora de la Guardia Civil... ), en vez de retirarles la confianza, se la confirma (lo que confirma que, muchas ganas de saber no tenía).
Ni los de la brigada móvil aducen ya lo de la manzanita podrida, ante la evidencia de que lo que Sánchez tiene podrido es el lagar. A Jesús, siendo quien era, de entre doce apóstoles, le salió un Judas. Pero si Sánchez con 22 ministros tiene 126 imputados, viene a ser como si a Jesucristo, con 12 apóstoles le hubieran salido 24 judas. No hace falta especular mucho "torpemente" para llegar a la conclusión de que Pedro y su(s) banda(s) se han pasado un pelín. "Ampliar derechos", "mejorar la vida de la gente" nunca serán los fines de una organización criminal: son el pretexto para asaltar al Estado.
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