Perros, cierres y civismo
Nuestros políticos, además de nefastos, parecen haber renunciado a una de sus obligaciones más básicas: gobernar. Ayuntamientos y alcaldes, sean del color político que sean, coinciden en una alarmante incapacidad para afrontar los problemas cotidianos de la convivencia. En esto no hay izquierdas ni derechas; hay dejación de funciones.
Gobernar también consiste en fijar normas claras y hacerlas cumplir. Los ayuntamientos deberían aprobar bandos y ordenanzas precisas para que todos los ciudadanos sepan a qué atenerse y para que los derechos de unos no acaben convirtiéndose en las molestias de otros. Una sociedad sin normas claras acaba siendo un territorio donde prevalece el más incívico.
El ejemplo de los perros es evidente. Quien soporta durante horas los ladridos del animal del vecino sabe que no hablamos de una simple incomodidad. Hay personas enfermas, mayores, trabajadores que madrugan y familias con niños pequeños cuyo descanso se ve alterado por la pasividad de quienes deberían velar por la convivencia. No basta con apelar al civismo; cuando este falla, debe actuar la administración.
Tampoco es razonable que cada vez más espacios públicos y comerciales se conviertan en lugares de paseo para mascotas. Imaginemos que todos los propietarios decidieran llevar su perro a un centro comercial o a cualquier establecimiento. El resultado sería insostenible. Las normas existen precisamente para prevenir esos excesos y garantizar que el interés general prevalezca sobre la comodidad individual.
A ello se suma un problema de higiene que muchos prefieren ignorar. Calles, parques, ascensores y jardines acaban siendo utilizados como urinario y, en demasiadas ocasiones, también como retrete. La inmensa mayoría de los propietarios responsables no debería pagar las consecuencias del comportamiento incívico de unos pocos, pero tampoco es aceptable que las administraciones miren hacia otro lado.
En el medio rural ocurre algo parecido con los cierres de las fincas. Cada vez proliferan más muros de hormigón y vallados desproporcionados que convierten los pueblos en un mosaico de fortalezas. La propiedad privada merece todo el respeto, pero el paisaje también es un bien colectivo. Levantar barreras que rompen la estética tradicional y destruyen el carácter de nuestros pueblos no puede considerarse un derecho ilimitado. El paisaje también forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio.
Quien quiera vivir completamente aislado tiene todo el derecho a hacerlo, pero quizá deba buscar un lugar apartado donde esa decisión no altere el entorno de todos los demás. Vivir en comunidad implica aceptar unas reglas de convivencia y comprender que la libertad individual termina donde comienza el derecho de los demás.
La verdadera política no consiste en inaugurar rotondas ni en llenar las redes sociales de fotografías. Consiste en resolver los problemas reales de los ciudadanos. Y entre ellos también están los ladridos insoportables, la higiene de nuestras calles, la protección del paisaje y el respeto mutuo. Lo demás son excusas de unos gobernantes que, demasiadas veces, han confundido gobernar con no hacer nada.
Porque cuando una administración deja de hacer cumplir las normas, no triunfa la libertad: triunfa el incivismo. Y cuando el incivismo se convierte en costumbre, quienes siempre terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos que respetan las reglas.
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