Dependencia: una asignatura pública pendiente

El derecho a cuidar y ser cuidado en Asturias: una asignatura pública pendiente.

(La infrafinanciación crónica, las listas de espera residenciales y la precarización del SAD amenazan con convertir la Ley de Dependencia en un negocio a costa de un derecho básico).

Asturias se enfrenta a uno de los mayores desafíos éticos y demográficos de su historia reciente: la gestión de la vulnerabilidad y el envejecimiento. El modelo actual de cuidados comunitarios y atención sociosanitaria, lejos de consolidarse como el cuarto pilar del Estado del bienestar, adolece de debilidades estructurales que comprometen su viabilidad futura. Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Asturias defendemos de forma firme que el sistema debe dar un giro urgente: superar la visión puramente asistencialista para transitar hacia un modelo basado estrictamente en el enfoque de derechos, la autonomía personal, el control del usuario sobre su propia vida y la provisión pública de recursos. No podemos permitir que la histórica defensa de lo público que siempre ha caracterizado a la sociedad asturiana se diluya ahora ante una externalización encubierta que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar social.

La realidad de las cifras oficiales nos devuelve una radiografía profundamente desequilibrada. El sistema asturiano se sostiene fundamentalmente sobre prestaciones de baja intensidad y sobre una flagrante división del trabajo que invisibiliza el cuidado informal en el hogar. El 27,7% de las personas dependientes en nuestra comunidad (13.704 asturianos) subsiste gracias a las Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar (PECF). Nos encontramos ante una trampa que condena a miles de mujeres a una disponibilidad absoluta, limitando por completo su autonomía y su desarrollo profesional. Esta carga, concebida erróneamente como una responsabilidad natural e invisible, recae sobre un colectivo de 2.147 cuidadores no profesionales en el Principado, de los cuales 1.826 son mujeres que cuidan en la sombra. Las ayudas económicas familiares deben pasar a ser la estricta excepcionalidad que contempla la ley, y no el recurso ordinario para mitigar la falta de plazas públicas. El origen de esta distorsión radica en una infrafinanciación crónica. En el último ejercicio cerrado, el gasto público por persona dependiente en Asturias se situó en 4.045 euros, una brecha inasumible del 32,7% por debajo de la media nacional (6.015 euros). Este déficit traslada de manera directa e injusta el coste de los cuidados a los hogares a través de copagos inconfesables, cuyos datos de volumen global la administración autonómica oculta en la estadística oficial, vulnerando los principios básicos de transparencia pública.

Esta escasez de recursos públicos empuja de forma sistemática a la ciudadanía hacia un modelo de privatización silenciosa, donde la administración renuncia a su papel de proveedora directa para convertirse en una mera pagadora de servicios en manos de grandes corporaciones de la salud y el bienestar. Mientras la red del Establecimiento Residencial de Ancianos de Asturias (ERA)- y vaya por delante que es la mayor red pública residencial de todo el estado, de la que debemos sentirnos orgullosos- cuenta apenas con unas 3.700 plazas públicas propias y 1.700 concertadas. La lista de espera residencial aglutina a 3.300 asturianos con el Programa Individual de Atención (PIA) ya aprobado. Este colapso aboca a las familias a recurrir a un mercado privado de 7.300 plazas, cuyos costes mensuales superan con creces los 2.000 euros, una cifra prohibitiva para las pensiones medias de nuestra comunidad. Paralelamente, los Centros de Día sufren una parálisis idéntica, manteniendo a 150 personas en lista de espera y una cobertura testimonial del 2,2%. Con esta deriva mercantilista, las personas corren el riesgo de dejar de ser titulares de derechos inalienables para ser tratadas como simples clientes de un catálogo de prestaciones.

Ante este escenario, la Plataforma exige al Gobierno del Principado la aplicación inmediata de medidas de choque estructurales. En primer lugar, es inapelable reducir la asfixiante burocracia administrativa. Proponemos transformar la valoración de la dependencia en un proceso puramente asistencial y proactivo, unificando la evaluación de los equipos de Atención Primaria y Servicios Sociales del entorno en una única visita conjunta al domicilio. Asimismo, debería implementarse un acceso automático al sistema sociosanitario a los 70 años, o tras la jubilación, anticipando los escenarios de fragilidad física y cognitiva.

En segundo lugar, instamos a la paulatina remunicipalización y conversión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en un servicio 100% público. No es de recibo que más del 90% de las contratas municipales actuales estén en manos de empresas privadas de ámbito nacional que precarizan las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras. Se requiere aumentar las plantillas, dignificar sus condiciones y ampliar las horas de atención para que den cobertura no solo al aseo personal, sino al mantenimiento integral de la vida en el hogar.

Esta vulnerabilidad estructural del modelo se agrava de forma dramática en el hábitat rural asturiano. La dispersión territorial y la escasez de servicios públicos penalizan doblemente a nuestros pueblos, donde la falta de un apoyo institucional real condena a las familias al aislamiento y frena en seco el necesario relevo generacional. Si los cuidados siguen recayendo exclusivamente sobre el sacrificio de las mujeres rurales bajo la excusa de la "calidez del hogar", el abandono de los pueblos será irreversible. Por ello, es urgente blindar y financiar de manera prioritaria programas comunitarios como Rompiendo Distancias y garantizar que la ayuda a domicilio no genere listas de espera en las alas de la región.

La reciente aprobación del Real Decreto-ley 17/2026 [17/2026] introduce una inyección financiera estatal muy necesaria para consolidar el sistema. Sin embargo, advertimos con firmeza al Ejecutivo autonómico: este incremento de la partida estatal no puede servir de coartada para disminuir la aportación económica propia del Principado. Debe ser el motor inmediato para rescatar los servicios públicos de su saturación actual, adaptar los baremos de valoración a la naturaleza fluctuante de la salud mental grave, y asegurar que el criterio clínico e informe del profesional de Trabajo Social prevalezca siempre sobre el dogma del límite presupuestario.

Exigir un sistema fuerte no significa idealizar la administración ni ignorar que tiene fallos de gestión que deben corregirse. Significa asumir que la atención a la dependencia es un pilar social que jamás debería regirse por las leyes de la oferta y la demanda, ya que de ello depende la cohesión y la calidad democrática de nuestra comunidad. Asturias no puede permitir que la dignidad de sus mayores dependa de la capacidad económica de sus familias. El derecho a una vida independiente y a unos cuidados públicos de calidad es una deuda social que debe saldarse hoy mejor que mañana. Nos va la vida en ello.