La amnistía no se hizo para la reconciliación, señores del TJUE
Hasta apenas unos minutos antes del resultado de las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez afirmaba que la amnistía era inconstitucional y aseguraba, de forma tajante, que los independentistas no la tendrían. Sin embargo, bastó con necesitar los votos de Junts para mantenerse en el poder para que aquello que era imposible se convirtiera, de la noche a la mañana, en una supuesta necesidad democrática.
Por eso resulta tan difícil de comprender y de digerir que hoy un ministro y todo el Gobierno, junto con sus cómplices parlamentarios, defiendan que el principal responsable de aquellos hechos, Carles Puigdemont, pueda quedar sin pena alguna, mientras varios de sus compañeros cumplieron más de tres años de prisión por los mismos hechos.
Es una situación inaudita.
A los sanchistas y a sus cómplices no les gustan los jueces cuando no les dan la razón. No les gusta el jurado popular. No les gusta la independencia judicial. Lo que realmente quieren es la impunidad para los suyos.
Quien justifica un mal alegando otro peor no está defendiendo el bien; simplemente está eligiendo el mal que está dispuesto a tolerar cuando lo cometen los suyos.
Creo que esa no es la interpretación que muchos pretenden hacer del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Más bien, el TJUE viene a decirnos: «Son ustedes mayorcitos; decidan por sí mismos lo que desean tragarse y dejen de intentar que Europa avale la tragadera de sus indecencias».
Señores del TJUE, lo digan ustedes o lo diga quien lo diga, una amnistía concedida a corruptos, delincuentes y prófugos a cambio de mantener el poder se asemeja demasiado a una forma de corrupción institucional.
Es comprar el poder. Es pisotear la igualdad ante la ley. Es erosionar la separación de poderes. Es convertir el interés general en moneda de cambio para garantizar la supervivencia política de un Gobierno.
Y si, además, durante la campaña electoral se aseguró de manera categórica que jamás se haría algo así, el problema ya no es solo la incoherencia política. Es el engaño deliberado a los ciudadanos. Es la quiebra de la confianza pública. Es la degradación de la palabra dada y del valor mismo de la democracia representativa.
Porque cuando un gobernante promete una cosa para conseguir el voto y hace exactamente la contraria para conservar el poder, deja de hablarse de un cambio de criterio. Se habla, sencillamente, de un fraude político.
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