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La sanidad, en el punto de mira

30 de Marzo del 2011 - J. Jesús J. Suárez González (Gijón)

En este frenesí que le ha entrado al Gobierno socialista por cargarse el Estado de bienestar, intentando convencernos con la coartada de la crisis económica y las presiones de los mercados y de la señora Merkel, les ha llegado la hora a los convenios colectivos, para que los trabajadores queden totalmente indefensos ante los empresarios y, lo que es aún más grave, a la sanidad, que gracias a las ocurrencias y mala gestión de los últimos años acumula una deuda de 15.000 millones de euros que hay que empezar, ya mismo, a amortizar.

Hay una cantinela que viene sonando regularmente desde hace tiempo, el llamado copago, que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, sería en realidad un «pago plus» o un «más pago», porque la sanidad ya la pagamos la mayoría de nosotros a través de los impuestos.

El Gobierno que preside Zapatero sabe que tiene que meterle mano a este asunto, porque, si no, en la próxima reunión que el Presidente tenga con sus colegas europeos le volverán a sacar los colores y porque, con la previsible subida de los tipos de interés, la deuda acumulada será insostenible. La sanidad, junto con la justicia, la educación y el sistema público de pensiones, son los pilares básicos del Estado de bienestar, pero la salud, como todo el mundo dice con razón, es lo primero. El Gobierno hará lo imposible por implicar al Partido Popular en el nuevo ataque a los derechos sociales que tiene planeado, bien argumentando que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas o bien sacando de contexto declaraciones puntuales de dirigentes regionales del PP, para hacerlas parecer como la opinión oficial del partido que dirige Rajoy. Que los populares entrar al trapo, pues, con la tesis del consenso responsable, se sangrará a los ciudadanos ya mismo, que no tragan, pues se hará después de que pasen las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.

Pero ¿por qué hay un agujero tan enorme en las cuentas de la sanidad pública?, las razones son múltiples, pero vamos a destacar algunas: la sanidad se ha universalizado, es decir, todo el mundo tiene derecho a ser atendido, diagnosticado, recetado, operado, etcétera, eso está bien, naturalmente; el problema es que se han incorporado millones de personas en los últimos años al disfrute de los servicios públicos sin pagar nada o muy poco por ellos. Como todos los profesionales saben, hay colectivos muy numerosos, como inmigrantes ilegales, gitanos, prostitutas, etcétera, que tienen ingresos que no declaran y que no cotizan a la Seguridad Social, no pagan absolutamente nada por las medicinas y pueden ser intervenidos, gratis total, desde una operación de amígdalas a un muy costoso trasplante, incluso ha florecido un mercado negro de medicinas españolas en Rumanía y un turismo sanitario hacía nuestro país. Otro asunto no baladí es que el Gobierno socialista aprobó la gratuidad de los abortos (unos 115.000 al año), fecundaciones in vitro y cambios de sexo que, en la mayoría de las ocasiones, se derivan a clínicas privadas cuyas tarifas son muy elevadas. No vamos a calificar esas iniciativas, solo lo constatamos. También, que hay mucha gente que abusa del Servicio Público de Salud, haciendo muchas visitas injustificadas al médico de cabecera y exigiendo bajas o medicamentos. Si añadimos que la gestión sanitaria de las comunidades autónomas, tanto en política de personal como en gasto de medicinas, como en inversiones, etcétera, es un desastre, tenemos una perspectiva bastante aproximada de lo que sucede.

Los españoles estamos muy orgullosos de nuestro sistema sanitario, que está entre los mejores del mundo, y no vamos a permitir que se ponga en peligro, pero antes de volver a meter la mano en el ya exhausto bolsillo de los ciudadanos el Gobierno tendrá que explicarnos unas cuantas cosas.

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