Fabada concertada
En los manuales del capitalismo más desregulado existe una máxima de oro para cualquier empresario: maximizar el beneficio reduciendo al mínimo los costes de producción. Si se logra que un tercero sufrague los costes laborales de tu plantilla, el negocio se vuelve redondo. En los Estados Unidos, este mecanismo es sistémico en la hostelería mediante las propinas impuestas. Allí, la ley ampara que un hostelero pague un salario base miserable a sus camareros, trasladando la obligación de completar un sueldo digno directamente al bolsillo del cliente. La patronal se ahorra los salarios mientras el consumidor ejerce de pagador subsidiario.
Quien observe este modelo desde la distancia podría pensar que los servicios públicos europeos están vacunados contra semejantes anomalías. Nada más lejos de la realidad. Aquí mismo, salvando las distancias formales, asistimos a una versión institucionalizada y mucho más opulenta de este mismo fenómeno a través de la educación concertada. La reciente decisión del Consejo de Gobierno del Principado, que acaba de autorizar una partida de 1,27 millones de euros de dinero público para abonar la paga extraordinaria por antigüedad a 79 docentes de centros privados-concertados, es la constatación: los ciudadanos, vía impuestos, no es que completemos los sueldos de una empresa privada; es que los pagamos en su totalidad, incluidos los complementos.
Imaginemos por un momento este modelo aplicado estrictamente a la hostelería. Supongamos que usted abre un bar. Para garantizar su viabilidad, la Administración pública se encarga de enviarle los clientes y, además, le paga íntegramente el menú del día que consuman (hoy, fabada concertada) Pero el negocio no se queda ahí. Como dueño del local, usted decide cobrar a los comensales una serie de «extras» obligatorios fuera de carta -que si una bebida especial, que si un suplemento por el servicio-, equivalentes a esas cuotas y actividades presuntamente voluntarias que los colegios concertados imponen a las familias. Por si fuera poco, cuando llega el fin de mes, el Estado asume también el pago de las nóminas de sus camareros, sus trienios y, como acabamos de ver en Asturias, sus pluses de antigüedad. El riesgo empresarial es cero; el beneficio, netamente privado.
Las consecuencias de este banquete subvencionado las paga una escuela pública que ve cómo su ración mengua a medida que los recursos colectivos se desvían a financiar a la competencia. Pero la injusticia más sangrante se produce en la puerta del establecimiento. Mientras los negocios concertados aplican un sutil y encubierto «derecho de admisión» a través de barreras económicas y de selección indirecta, la escuela pública se queda en solitario asumiendo la responsabilidad universal del sistema. Es ella la que acoge, atiende y estira sus presupuestos para dar respuesta a la inmensa mayoría de los alumnos migrantes, de menor renta o con necesidades educativas especiales, precisamente la clientela que el negocio privado rechaza porque no encaja en su modelo de rentabilidad o prestigio.
Legitimar que la Administración sufrague la antigüedad del personal de entidades privadas, (que además no ha tenido que pasar los filtros de igualdad, mérito y capacidad), mientras las ganancias y el control de la empresa siguen en manos de fundaciones sectoriales o instituciones eclesiásticas, es aceptar que lo público es el cajero automático de la patronal. Va siendo hora de que las administraciones revisen un modelo que, bajo el paraguas de la libertad de elección (que, en el fondo, no es más que el pijoterismo de ciertas familias que quieren comer la fabada en Casa Gerardo pero a precio de la Cocina Económica) ampara un sistema de privilegios donde con el esfuerzo de la clase trabajadora se sufragan los gastos de unas contratas que segregan a la sociedad y debilitan nuestro patrimonio público más sagrado.
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