Los bandazos de la Guardería del Medio Natural

La Guardería del Medio Natural del Principado de Asturias está compuesta por más de 200 miembros repartidos por todo el territorio regional y sus funciones –como agentes de la autoridad que son– están relacionadas tanto con la vigilancia de los recursos naturales como con un sinfín de actividades destinadas a supervisar y colaborar en la gestión ambiental (talas, cacerías, pesca fluvial, lucha contra los incendios forestales, persecución del furtivismo, control y seguimiento de especies protegidas, control del impacto ambiental, etcétera).

A lo largo de una historia ya más que centenaria este cuerpo de trabajadores de la administración pública ha sufrido continuos vaivenes derivados de las veleidades y decisiones tomadas por cuanto iluminado ha asumido el mando y la dirección de las funciones del colectivo, por lo que continuamente venimos solicitando una profesionalización del mismo así como una serie de mejoras en las condiciones de trabajo, aunque siempre anteponiendo las necesidades de la sociedad a las personales.

Ahora que en Asturias finaliza un ciclo político merece la pena reflexionar sobre las escasas luces y las tremendas sombras que se han proyectado sobre nuestra actuación profesional en los últimos 12 años. Si bien es cierto que a comienzos de este período un entendimiento entre los responsables de la gestión ambiental y los colectivos profesionales propició la consecución de una antigua reivindicación, la recalificación a lo que en la Administración se conoce como grupo C, también es cierto que los últimos años se han caracterizado por un continuo desprecio a nuestro trabajo, así como por una continua persecución a todo aquello que mantuviera algún parecido con la forma de trabajar de anteriores gestores, al menos en lo que al área de medio ambiente se refiere (y todo como si hubiera cambiado el signo político del gobierno e incluso el mismo presidente responsable de éste)

Los bandazos han sido de tal magnitud y calibre que sería muy largo relatarlos, pero no se puede obviar que uno de los mayores problemas se suscitó en el oriente de la región y todo a raíz de los conflictos generados en la forma de gestión del lobo. El malestar entre el personal ha entrado en una espiral de difícil salida provocada por las erróneas decisiones tomadas por la correspondiente Dirección General que van desde la imposición de horarios de oficina para trabajar en el monte hasta pretender obligar a los agentes a utilizar armas en la gestión de determinadas especies sin garantizar la legalidad de lo pretendido.

El caso más flagrante de desidia institucional se produjo tras el accidente laboral en el que perdió la vida nuestro compañero Rubén López Cueto ocurrido el 3 de mayo de 2006, que como ya se denunció en su día no mereció ni el recuerdo del consejero señor Buendía en el discurso navideño de aquel año. Ahora, tras todo el tiempo transcurrido y tras el solitario calvario de la familia y de los compañeros más allegados por demostrar ante la justicia que el trabajador cumplía órdenes cuando transitaba por una fatídica pista en obras y sin señalización de ningún tipo, la Administración no sólo se lava las manos ante una demanda de responsabilidad patrimonial, sino que consigue que sus letrados lleguen a convencer al juez de una presunta imprudencia del fallecido en el hecho que condujo a su defunción, obviando que cumplía las órdenes de sus superiores al acceder por aquel camino a la sierra del Cuera. En este lamentable procedimiento hemos visto y oído cómo, entre otras cosas, a un testigo, la primera pregunta que le hace el abogado de la Administración es si es cierto que es un representante sindical (dando a entender la posible parcialidad del testigo) ignorando los motivos de nuestra presencia en el proceso y dejando a la familia, a los compañeros y por extensión a todos los funcionarios en el más absoluto abandono. Este hecho, el más grave que hemos vivido en estos años, nos obliga a plantearnos la imposibilidad de conducir por las zonas de montaña, fuera de las carreteras locales y comarcales, dada la precariedad de la flota de vehículos a nuestra disposición y la ausencia de unos seguros de vida que atenúen, en lo posible, la desgracia de nuestras familias en caso de accidentes.

«Todo vale» para obtener una sentencia favorable, pero la Administración asturiana, con su conducta y argumentos, ha perdido todo el apoyo de una parte muy importante de nuestro colectivo.

Santiago Traviesa de Dios,

delegado Sindical en la Junta de Personal Funcionario

Sindicato USIPA