La sanidad pública también necesita despidos

Seguir amenazando con huelgas mientras miles de personas esperan una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención supone utilizar la salud de los pacientes como herramienta de presión y poner en riesgo su vida, convirtiéndolos en rehenes de una negociación laboral. Debería ser un delito tipificado como tal.

Si conduces, puedes ir a la cárcel si bebes y pones en riesgo la vida de los demás. Sin embargo, algunos profesionales que están para salvar vidas y cobran por ello se quedan en casa mientras los enfermos esperan, poniendo en riesgo su vida, y parece que no pasa nada. ¿Ven contradicción mayor?

Los derechos de los trabajadores son legítimos. Convertir al enfermo en la herramienta de presión no lo es.

Las negociaciones deben desarrollarse donde corresponde, no en las salas de espera ni en los pasillos de los hospitales. Para eso existen los liberados sindicales: para negociar mientras el resto continúa prestando el servicio que pagan todos los españoles y, en este caso, todos los asturianos.

Cada vez que unos políticos incompetentes ponen las manos sobre algo que funcionaba, el resultado suele ser el mismo: no solucionan nada y terminan deshaciendo lo que otros levantaron con años de esfuerzo. La sanidad pública es el ejemplo más evidente.

No me cansaré de repetirlo. Hay profesiones que afectan directamente a la vida, la salud y la seguridad de las personas. Precisamente por esa enorme responsabilidad disfrutan de estabilidad laboral y de unas condiciones que muchos ciudadanos, los mismos que sostienen el sistema con sus impuestos, jamás tendrán. Por eso considero que cualquier conflicto laboral debe resolverse sin poner en riesgo la atención sanitaria de quienes pagan para ser atendidos a tiempo y forma.

El empleo fijo no puede convertirse en un refugio para la desidia, la negligencia o la falta de compromiso. Ese empleo existe para garantizar que siempre haya profesionales al pie del cañón. Si las listas de espera no dejan de crecer, si la desatención se convierte en costumbre y si el paciente acaba sintiéndose un estorbo cuando acude a una consulta, alguien tiene que asumir responsabilidades. Sin miramientos.

Porque la incompetencia también tiene consecuencias. Es como la carcoma: no derriba una casa el primer día; la va vaciando por dentro hasta que, cuando queremos reaccionar, ya apenas queda estructura que salvar.

Será muy difícil recuperar la sanidad pública que conocimos, aquella de la que presumíamos dentro y fuera de España. Pero, si todavía queda un resquicio de esperanza, pasa por cesar gestores incompetentes, renovar direcciones, cambiar gerencias, consejerías y ministerios y, cuando sea necesario, despedir y cambiar también gobiernos por obligación. Quien ha llevado el sistema a esta situación difícilmente puede ser quien lo saque de ella.

La medicina fue durante décadas una profesión de vocación, sacrificio y entrega. El juramento hipocrático y los códigos éticos y deontológicos eran mucho más que un trámite académico: representaban un compromiso moral con el paciente. Hoy muchos ciudadanos tienen la sensación de que ese espíritu se ha ido perdiendo entre burocracia, desmotivación y una gestión política desastrosa. Esa percepción, acertada o no, debería preocupar a cualquiera que tenga responsabilidades.

Afortunadamente, toda regla tiene excepciones. Existen médicos excelentes y profesionales sanitarios que siguen honrando su profesión cada día, cargando además con el descrédito provocado por otros. Precisamente por respeto a ellos hay que recuperar la meritocracia: promocionar a los mejores, confiarles la dirección de los servicios, reconocer su esfuerzo y retribuirlos como merecen. Y quien no esté dispuesto a cumplir con las exigencias de una profesión tan trascendental debería dejar paso a quienes sí lo están.

Y hay una deuda histórica que conviene saldar. Las enfermeras sostienen buena parte del peso real de los hospitales. Un gran cirujano salva vidas. Un gran especialista también. Pero quienes permanecen junto al enfermo el noventa y nueve por ciento del tiempo, quienes detectan complicaciones, alivian el sufrimiento y acompañan a las familias son ellas. Merecen mucho más reconocimiento, más responsabilidad y una presencia mucho mayor en la dirección y organización de la sanidad.

Lo de la atención primaria merece un capítulo aparte. Horas intentando que alguien responda al teléfono. Citas para una semana después. Consultas donde el paciente acaba sintiéndose una molestia. Y, cuando protesta, la respuesta suele ser la misma: «Haber ido a Urgencias». Si ese es el funcionamiento habitual, es evidente que el modelo necesita una reforma profunda.

Así está la sanidad pública. Y todo indica que seguirá empeorando mientras quienes tienen la obligación de gestionarla continúen escondiéndose detrás de la propaganda, las estadísticas maquilladas y las promesas incumplidas.

La sanidad no necesita más discursos. Necesita responsabilidad, mérito, gestión y valentía para tomar decisiones. Porque cuando falla la sanidad no se pierde un expediente. Se pierde tiempo. Se pierde salud. Y, demasiadas veces, se pierden vidas.

Y una última reflexión para quienes cobran por dirigir este desastre desde un despacho.

Señores que cobran por mandar y solo sestean: si de verdad hay que empezar a despedir para salvar la sanidad pública, empiecen por ustedes mismos. Porque quienes han llevado el sistema a esta situación no pueden seguir presentándose como la solución.