Violencia de género: un debate pendiente sobre igualdad ante la ley y la justicia
Otra tragedia más. ¿Hasta cuándo dejaremos la gestión de estos dramas en manos de feministas frustradas, con decisiones predeterminadas? y lo pondremos en manos de expertos y de una justicia sin ideologías que no distorsionen la igualdad ante la ley y, a la par, no conviertan un problema con solución en una tragedia como final.
Durante años se nos ha presentado la lucha contra la violencia de género como un camino imprescindible para proteger a las víctimas y acabar con un grave problema social. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez son más las voces que cuestionan si las políticas aplicadas han conseguido realmente los objetivos que perseguían o si, por el contrario, han generado nuevas desigualdades y conflictos.
A mi entender, tardaremos años en reconocer que muchas de estas políticas han fracasado en su objetivo principal: proteger y prevenir la violencia. En lugar de centrarse únicamente en erradicar el problema, han creado en algunos casos una estructura de organizaciones, subvenciones y cargos que dependen de la existencia permanente de este conflicto. Son muchos los millones que se destinan y muchas las personas que viven de una realidad que, paradójicamente, deberían intentar hacer desaparecer.
La protección de las víctimas debe ser una prioridad absoluta, pero proteger no debería significar partir de la presunción de culpabilidad de una parte. La justicia debe basarse siempre en pruebas, hechos y responsabilidades individuales, no en el sexo de una persona.
Hay hombres que, tras una separación conflictiva, sienten que pierden su hogar, su vivienda, su relación con sus hijos, sus bienes y su estabilidad económica, incluso cuando no existe una responsabilidad exclusiva por parte de uno de los miembros de la pareja. No todas las rupturas son consecuencia de una víctima y un culpable; muchas veces son situaciones complejas donde existen errores, problemas de convivencia o responsabilidades compartidas. En esos casos, lo justo debería ser resolver la separación con equilibrio, repartiendo lo común sin destruir la vida de ninguna de las partes.
Cuando exista una persona culpable, esa persona debe asumir las consecuencias de sus actos: deudas, responsabilidades económicas, manutenciones o cualquier otra carga que corresponda. Pero esa responsabilidad debe demostrarse, no darse por supuesta.
Frases como "yo sí te creo, hermana", cuando se interpretan como una sustitución de la presunción de inocencia por una presunción de culpabilidad, generan una profunda desconfianza en una parte de la sociedad. La justicia no puede funcionar desde la idea de que el culpable está decidido antes de escuchar los hechos.
Además, debemos aceptar una realidad: quien está decidido a hacer daño, ya sea por maldad, venganza o por sentirse perjudicado, puede intentar hacerlo pese a las medidas existentes. Las pulseras, las órdenes de alejamiento y los mecanismos de protección son herramientas necesarias, pero no pueden convertirse en la única respuesta ni garantizar por sí solas que nunca ocurrirá una tragedia.
El camino para mejorar estos dramas no pasa por enfrentar a hombres y mujeres, sino por aplicar una justicia verdaderamente igual para todos. Solo desde la igualdad ante la ley, la protección efectiva de las víctimas y la responsabilidad individual podremos construir una sociedad más justa y encontrar soluciones reales a un problema que nos afecta a todos.
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