Limitar el alquiler: la solución de la chistera
Ante la falta de vivienda en determinadas zonas de Asturias y el encarecimiento de los alquileres, la solución que sale de la chistera es limitar su precio.
Pero la pregunta debería ser otra: ¿por qué falta vivienda y por qué se ha encarecido tanto?
Porque limitar el alquiler no crea una sola vivienda más. Y puede incluso sacar viviendas del mercado si al propietario deja de compensarle alquilarlas.
Hay varias cuestiones que deberían abordarse antes de cargar el problema sobre el propietario: construir más vivienda, impulsar vivienda pública para quien realmente no puede acceder al mercado, ordenar un turismo que en determinadas zonas está disparando la demanda, encareciendo y saturando lugares, vivienda, coste de la vida, hospitales, y todos los servicios públicos, por los que no han contribuido a su construcción con un solo euro, y ahora queremos beneficiales aún más por que dicen que crea empleo. Un empleo servicial, precario y de propina, con ganancia para muy pocos.
Hay que planificar el crecimiento de la población y las necesidades de vivienda e infraestructuras ante una inmigración que ha aumentado sin esa planificación.
También habría que hablar de la compra de vivienda por extranjeros con una capacidad económica muy superior a la de muchos residentes. No se trata de discriminar por nacionalidad, sino de preguntarse si es razonable que una demanda con mayor poder adquisitivo contribuya a elevar los precios hasta expulsar del mercado a quienes viven y trabajan aquí.
Y aquí aparece una paradoja difícil de explicar: mientras se permite que aumenten esas presiones sobre la vivienda, se pretende limitar lo que puede obtener quien ya posee una propiedad.
Pero conviene distinguir.
No hablo del gran especulador inmobiliario ni de quien acumula viviendas para hacer negocio. Hablo de quien, después de muchos años de trabajo y ahorro, consiguió comprar una segunda vivienda. Una propiedad por la que pagó un precio de mercado, por la que sigue pagando impuestos, mantenimiento y gastos y que, muchas veces, está en una zona cara precisamente porque también le costó más adquirirla.
Ese propietario no creó la escasez, no decidió la política turística o migratoria y tampoco construyó las viviendas que hoy faltan.
Sin embargo, ahora puede terminar pagando la factura de decisiones que corresponden a las administraciones.
Y surge una pregunta que no es menor: si se limita tanto el alquiler que deja de resultar rentable, ¿se obligará también al propietario a poner la vivienda en el mercado?
Porque sería una contradicción enorme: limitar el precio para facilitar el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, hacer que algunas viviendas dejen de ofrecerse en alquiler.
El problema no se resuelve regalando el alquiler de una vivienda que otro compró con años de esfuerzo. Ni se puede pretender que quien se privó de otras cosas -incluso de vacaciones- para ahorrar y comprar una propiedad cargue ahora con la responsabilidad de una escasez que no ha provocado. Que vacacionen otros, gratis y a su costa, en su propiedad, por los años que a él le costó quedarse sin vacaciones para ahorrar y poder comprar esa vivienda que ahora debe regalar a quien disfruta de su esfuerzo.
Si el objetivo es que bajen los precios, hay una fórmula bastante menos ideológica y mucho más eficaz: aumentar la oferta.
Más vivienda. Más vivienda pública para quien la necesite. Turismo ordenado. Crecimiento demográfico acompañado de servicios e infraestructuras. Y una política que tenga en cuenta el efecto de la demanda exterior sobre un mercado ya tensionado.
Lo contrario es atacar el síntoma y dejar intactas las causas.
Porque cuando una Administración no sabe resolver un problema de oferta, siempre tiene la tentación de intervenir sobre el precio. Y cuando tampoco quiere o no puede actuar sobre las causas, termina actuando sobre lo que tiene más a mano: la propiedad privada.
El problema es público, pero la factura se pretende pasar al privado.
Y así se corre el riesgo de convertir en culpable de la falta de vivienda precisamente a quien ahorró durante años para poder tenerla.
Limitar por decreto lo que puede cobrar una vivienda no hace aparecer otra. Solo decide quién paga el precio de la escasez.
Y si seguimos sustituyendo construcción, planificación y gestión por límites y ocurrencias, quizá terminemos descubriendo que el problema no era que hubiera demasiados propietarios.
Era que había demasiado poco gobierno capaz de hacer su trabajo.
Y por ese camino, quizá Cuba y Venezuela se nos queden pequeñas.
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