España no puede ser el precio de la supervivencia política de Sánchez
Los sanchistas y sus cómplices están dispuestos a todo.
Compraron el poder con el apoyo de corruptos, delincuentes y fugados; de Bildu e independentistas. Lo hicieron regalando indultos y amnistías, condonando deudas, entregando competencias y concediendo prebendas.
Y, ¡cuidado!, ahora también pretenden asegurarse el poder en las urnas, facilitando la nacionalidad a millones de extranjeros e inmigrantes sin control alguno.
No les importa poner en riesgo la unidad, la convivencia y el futuro del país con tal de mantenerse en el poder.
Todo ello se suma a una falta de respeto al pueblo soberano que resulta difícil de asumir. Pactó con quienes, durante la campaña electoral, decía que no pactaría. En campaña también decía que era indecente que un político indultara a otro político; que la amnistía era anticonstitucional; que los condenados del procés cumplirían íntegramente sus penas; que traería a Puigdemont ante la justicia... Todo aquello que decía para pedir el voto quedó después en papel mojado.
Además, llegó al poder mediante una moción de censura motivada por la corrupción del PP, cuando fue condenado su tesorero, Bárcenas. Hoy, sin embargo, se tambalea y se sostiene sobre su propia corrupción, rodeado de condenados, investigados e imputados de su máxima confianza.
¿Todavía dudan de que tratará de conseguir que voten los nuevos españoles a granel para seguir aferrado al poder?
Es muy grave todo lo que rodea a este Gobierno y a todos sus cómplices, que le prestan apoyo y activismo por puro interés personal e ideológico.
No les importa que se rían del pueblo, el verdadero soberano en cualquier democracia sana. Solo por saltarse la igualdad ante la ley mediante una amnistía y unos indultos, y por pisotear la separación de poderes, sería suficiente para que nuestros resortes democráticos funcionaran y los ciudadanos pudieran echarlos democráticamente del poder.
Un ciudadano de a pie debe asumir las consecuencias y responder ante la justicia; si eres socio de Pedro, parece que no. Un tribunal, un juez, estudia, investiga, comprueba y trabaja para hacer cumplir las leyes. Pero, después de dictarse una sentencia, aparece el juez superior de Sánchez y los indulta cuando decía que no lo haría, y les concede una amnistía cuando decía que era anticonstitucional.
Y no pasa nada en este santo país. No pasa nada en esta Europa que ve cómo se expande y gobierna la extrema derecha, alimentada también por chapuzas políticas como esta que tenemos, protagonizada por quien se apropió del PSOE.
Es muy grave todo ello. Y mientras tanto, el pueblo español sale a la calle y se manifiesta por un beso, pero esto, que afecta directamente a la igualdad ante la ley, a la separación de poderes y al funcionamiento de las instituciones, parece que les resulta perfectamente normal.
Si añadimos todo lo referente a la inmigración sin control, la nacionalidad exprés, el efecto llamada, lo de Ceuta... vemos claramente que, para este Gobierno, cuanto peor, mejor para ellos. Encadenan un caos con otro, para que ninguna responsabilidad les corresponda y para evitar convocar elecciones.
Aquí no funciona nada. La sanidad y la vivienda están saturadas; los precios suben sin control; las residencias de ancianos carecen de las inspecciones necesarias y algunas presentan condiciones que parecen peores que las de una perrera; la inmigración sin control y el turismo invasor están contribuyendo a convertir este país en un caos completo.
Se venden viviendas y terrenos a extranjeros cuando no hay suficiente vivienda para los de aquí. Los servicios públicos están tensionados, las infraestructuras necesitan respuestas, nuestro sistema de seguridad ciudadana se resiente y hay lugares y barrios donde muchos españoles sienten que están siendo desplazados y expulsados de su propio entorno.
Pronto seremos los españoles los foráneos en nuestro propio país. No es una broma.
No se puede sostener indefinidamente un Estado del bienestar para todo aquel que no haya aportado un solo euro a su creación, conservación y sostenimiento. Una sociedad tiene límites, y también tiene derecho a exigir que quienes llegan a ella respeten sus leyes, contribuyan a su sostenimiento y se integren en ella.
Lo que está en juego no es solo un Gobierno. Está en juego la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la convivencia, la seguridad, los servicios públicos, la vivienda y, en definitiva, el futuro de España.
Y ante todo esto, la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se va a permitir que el interés por conservar el poder esté por encima del interés general?
España no puede convertirse en el instrumento de supervivencia política de nadie. El poder pertenece a los ciudadanos, no a quienes hacen cualquier pacto, conceden cualquier privilegio y cambian cualquier principio con tal de conservarlo.
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