Salas no debe hipotecar su futuro energético y ambiental por Digital Valley Asturias

Como futuro vecino del concejo de Salas y ciudadano que sigue muy de cerca el futuro de Asturias, asisto con enorme preocupación al debate público generado en torno al megaproyecto del centro de datos Digital Valley Asturias.

Actualmente resido en Estados Unidos, donde ejerzo como profesor e investigador en la Universidad de Yale. Incluyo esta referencia no para atribuirme una especialización que no poseo en ingeniería de centros de datos ni para hablar en nombre de Yale, sino porque mi actividad profesional se basa en el examen riguroso de los datos. Además, vivir en Estados Unidos me ha permitido observar de primera mano cómo los beneficios de estas instalaciones suelen anunciarse con enorme precisión, mientras sus costes estructurales, económicos y medioambientales solo se hacen plenamente visibles después de su construcción.

No temo a la innovación ni creo que toda infraestructura digital sea intrínsecamente negativa. Pero los datos disponibles sobre Digital Valley Asturias describen una instalación extraordinariamente electrointensiva, altamente automatizada y con un beneficio laboral directo muy reducido en relación con los recursos energéticos, territoriales y ambientales que pretende utilizar.

La discusión mediática y política en Asturias se ha centrado casi exclusivamente en el agua. El presidente Adrián Barbón aseguró en Avilés que «no es cierto» que estos centros consuman mucha agua, porque los actuales emplean un sistema de refrigeración continua en el que «la misma agua se está utilizando una y otra vez»: «no hay reposición continua de agua, se llena una vez y se mantiene» (La Nueva España). Digital Valley Asturias añade que no instalará torres evaporativas. Es perfectamente posible que ese diseño reduzca considerablemente el consumo directo de agua.

Pero esa respuesta es incompleta y ofrece una imagen engañosamente benigna del proyecto. La huella ambiental de un centro de datos no se reduce a la cantidad de agua que circula por sus tuberías.

La propia Comisión Europea considera que la electricidad consumida y las emisiones de CO asociadas constituyen el principal impacto ambiental de los centros de datos, e identifica también otros impactos relevantes: las emisiones incorporadas en los materiales de construcción y en los equipos informáticos, las posibles fugas de refrigerantes, la renovación y eliminación de residuos electrónicos, contaminación acústica, y otras externalidades ambientales locales.

En Salas, esa huella se traducirá en la transformación industrial de aproximadamente 15,46 hectáreas de terreno, sobre las que se proyectan diez módulos de centros de datos, una subestación eléctrica, 375 plazas de aparcamiento y numerosas infraestructuras auxiliares. No se construye una "nube": se construye un gran complejo industrial, con una enorme cantidad de hormigón, acero, cableado, equipos eléctricos y servidores que deberán renovarse periódicamente.

También existe una contrapartida ambiental directa en el propio sistema de refrigeración. Los sistemas secos pueden reducir mucho el consumo de agua, pero son generalmente menos eficientes que los evaporativos y pueden requerir más electricidad. El Departamento de Energía de Estados Unidos describe expresamente esta relación como un intercambio entre consumo de agua y consumo energético: reducir uno de ellos puede aumentar el otro.

Además, un circuito cerrado no es necesariamente un circuito ambientalmente inerte. Puede incorporar glicoles e inhibidores de corrosión, mientras que los equipos de climatización emplean refrigerantes cuyas fugas pueden tener un elevado efecto climático. A plena carga, prácticamente toda la electricidad utilizada por los servidores termina convertida en calor, que debe evacuarse continuamente mediante bombas, ventiladores y otros equipos. Una menor utilización de agua no hace desaparecer el impacto: en buena medida, lo desplaza hacia el consumo eléctrico, las emisiones y la disipación de calor.

La dimensión ambiental dominante es, por tanto, la energía.

El proyecto prevé alcanzar 120 MW de capacidad informática. Si esa capacidad final operase plenamente durante todo el año, los equipos informáticos consumirían aproximadamente 1.051 GWh anuales. Esa cifra equivale a casi el 80 % de toda la electricidad utilizada actualmente por los hogares asturianos (SADEI, 2025). Y todavía habría que añadir la electricidad necesaria para refrigeración, transformación, almacenamiento, seguridad y los demás servicios auxiliares del recinto, lo que no es trivial.

No se trata de asegurar que el centro consumirá esa cantidad desde el día de su apertura. Se trata de describir honestamente la escala final para la que se pretende reservar suelo, capacidad de red y una nueva subestación. Incluso la primera fase, de 24 MW, equivaldría a unos 210 GWh anuales a plena utilización, aproximadamente el 16 % de ese mismo consumo doméstico.

Este consumo tampoco es ambientalmente neutro. España avanza de forma importante en la implantación de energías renovables, que generaron el 55,5 % de la electricidad nacional en 2025. Pero eso significa también que la red todavía no es renovable ni libre de emisiones durante todas las horas del año. Un centro de datos funciona de manera continua, de día y de noche, haya o no sol o viento.

Salvo que el proyecto venga acompañado de nueva generación limpia, almacenamiento y suministro firme realmente adicionales, el campus se abastecerá de la mezcla eléctrica disponible en cada momento, incluida la generación mediante gas natural. Su demanda añadirá emisiones asociadas al sistema y competirá por la electricidad limpia que Asturias necesita para descarbonizar su industria, sus transportes y la climatización de sus edificios.

La referencia oficial a 350 paneles fotovoltaicos no constituye una respuesta seria a este problema. Incluso atribuyendo a cada panel una potencia excepcionalmente generosa de 1 kW, todos juntos sumarían únicamente 0,35 MW: menos del 0,3 % de los 120 MW de capacidad informática final. Esos paneles pueden ser útiles, pero no representan un plan de suministro renovable proporcionado a la escala del proyecto.

Pero hay otra pregunta tan importante como cuánta electricidad consumirá y qué impacto ambiental producirá: ¿quién pagará las consecuencias de esa demanda?

Aunque Digital Valley Asturias pague su consumo y las obras de conexión que se le imputen directamente, eso no significa que todos los costes queden contenidos dentro del recinto. Una demanda permanente de esta magnitud puede requerir nueva generación, refuerzos de las redes de transporte y distribución y una mayor utilización de fuentes más costosas durante los periodos de menor disponibilidad renovable.

Los costes generales de las redes españolas se recuperan mediante peajes pagados por los consumidores. Por tanto, existe un riesgo real de que parte de las inversiones sistémicas asociadas al crecimiento de la demanda termine repercutiendo en las facturas de los hogares y de las empresas que ya utilizan la red.

No es una hipótesis inventada por quienes se oponen a los centros de datos. En Virginia, uno de los lugares con mayor concentración de estas instalaciones en Estados Unidos, el organismo técnico de la Asamblea General concluyó que un hogar típico atendido por Dominion Energy, la compañía que suministra la electricidad, podría pagar entre 14 y 37 dólares adicionales al mes por los mayores costes de generación y transmisión relacionados con ese crecimiento.

España no es Virginia y esa cifra no puede extrapolarse directamente a Asturias. También es posible que un gran consumidor aporte ingresos adicionales al sistema y permita distribuir algunos costes fijos entre más usuarios. Precisamente por eso no afirmo que la factura asturiana vaya a aumentar una cantidad determinada. Lo que afirmo es que existe un riesgo económico perfectamente documentado que nuestros dirigentes no deberían ignorar mientras promocionan únicamente la inversión y los puestos de trabajo.

Este es el patrón que preocupa: los beneficios se presentan como privados y locales, mientras los riesgos energéticos, económicos y ambientales pueden terminar siendo colectivos.

La desproporción laboral es igualmente evidente. La cifra de hasta 3.000 trabajadores que frecuentemente se menciona corresponde al momento de máxima actividad durante la construcción y, por tanto, a empleo temporal. Una vez operativo, el proyecto estima aproximadamente 120 puestos directos. Los otros 962 empleos indirectos y 236 inducidos son proyecciones derivadas de un modelo económico cuyo informe no se ha hecho público y que podría considerarse muy optimista, pero no personas que trabajarán dentro del centro ni compromisos de contratación para los vecinos de Salas.

Según las propias cifras de Digital Valley Asturias, el resultado sería aproximadamente un megavatio de capacidad informática por cada puesto directo de operación; es decir, un empleo por megavatio. Para poner la cifra en contexto: la industria más electrointensiva de España, aluminio, acero, zinc, química, según su propia patronal AEGE, genera unos veinticuatro. Y ese único empleo por megavatio es, además, la previsión del promotor: los centros comparables en funcionamiento se sitúan entre 0,16 y 0,25 empleos por megavatio.

En definitiva, Salas aportaría unas 15,46 hectáreas, una subestación, una enorme demanda eléctrica y una considerable transformación ambiental para albergar una infraestructura privada de escasa intensidad laboral. Los megavatios, las hectáreas, la subestación y la huella industrial son compromisos físicos y duraderos. Los empleos indirectos e inducidos son estimaciones.

Se nos dice que Asturias perderá el tren del futuro si rechaza el proyecto. Pero la capacidad eléctrica y la capacidad ambiental de un territorio son recursos estratégicos y limitados. La electricidad y las infraestructuras dedicadas a Digital Valley Asturias no podrán utilizarse simultáneamente para electrificar industrias asturianas, atraer manufactura avanzada o desarrollar actividades que generen muchos más empleos por megavatio consumido.

Asturias también puede perder oportunidades si asigna sus recursos al proyecto equivocado.

No toda inversión es desarrollo. No toda actividad digital crea un ecosistema tecnológico local. Y no toda infraestructura asociada a la inteligencia artificial merece recibir automáticamente prioridad administrativa y respaldo político, especialmente cuando sus principales beneficios se apoyan en proyecciones mientras sus costes energéticos, territoriales y ambientales son muy concretos.

Digital Valley Asturias todavía aspira a ser declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional y continúa en tramitación. No es irreversible. Existe tiempo para oponerse y para exigir que los recursos de Asturias se destinen a actividades que produzcan más empleo permanente, más tejido empresarial local y un beneficio social proporcionado a su consumo energético y a su impacto ambiental.

Asturias no perderá el futuro por rechazar este proyecto. Puede perderlo si transforma Salas en la sala de máquinas de la nube, hipoteca una parte sustancial de su energía y de su territorio y después descubre que la factura, económica y ambiental, también la pagan sus ciudadanos.