Solidaridad no es imposición
Ayudar a quien lo necesita es un principio de humanidad. Pero una cosa es la solidaridad y otra muy distinta convertirla en una obligación sin límites, incluso cuando entra en conflicto con la propiedad, las leyes o el control de las fronteras.
Una sociedad no puede funcionar sin reglas. Una frontera no es una barrera contra la humanidad, sino una responsabilidad del Estado hacia quienes viven dentro de ella. Y proteger a quien huye de una guerra, una persecución o un genocidio no significa aceptar cualquier entrada irregular ni renunciar al derecho de decidir quién puede entrar y en qué condiciones.
El problema es que el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber confundido en demasiadas ocasiones humanidad con ausencia de límites. Y cuando un país transmite la sensación de que entrar irregularmente puede terminar convirtiéndose en una vía para quedarse, aunque después sea necesario recurrir a complejos procedimientos legales para devolver a quienes han entrado, el mensaje que reciben las mafias y quienes pretenden llegar es difícil de ignorar. Es un efecto llamada con resultados impredecibles.
Ceuta debería ser una llamada de atención. El propio Gobierno reconoce que las redes de tráfico de personas han instrumentalizado la situación para fomentar nuevos flujos migratorios. Por eso no basta con atender a quienes ya han llegado. Hay que evitar que la llegada irregular se convierta en el principio de un proceso que anime a muchos más a intentarlo.
Y aquí hace falta cambiar las reglas si las actuales no permiten responder con rapidez y eficacia. Pero hacerlo, respetando los derechos fundamentales y con humanidad, pero si a los que invadieron Ceuta y a los que llegan a la Península no se les expulsa de inmediato, estaremos destruyendo nuestra estabilidad, seguridad y bienestar. No se trata de echar a nadie sin garantías; se trata de que quien entra ilegalmente no tenga automáticamente garantizada su permanencia y de que las devoluciones puedan ejecutarse con rapidez.
El Gobierno ha reconocido que debe mejorar el marco legal para garantizar repatriaciones en frontera más eficientes. Esa reforma debería hacerse cuanto antes. Esas normas protegen y permiten venir a quedarse a quien quiera. No es garantismo, es estupidez y negligencia. Así, tendremos que irnos los que ya estamos aquí. Convertirán España y Europa en una África invadida por personas que no han luchado en sus países por sus libertades y bienestar y vienen aquí esperando que se lo regalen. ¿No ven la enorme estupidez que están cometiendo?
Porque el efecto llamada no se combate repartiendo el problema por el territorio nacional. Se combate haciendo que las fronteras sean realmente controlables y que las entradas irregulares tengan consecuencias claras y previsibles.
Un país puede ser solidario sin dejar de ser responsable. Puede acoger a refugiados y proteger a menores, pero también debe proteger a sus ciudadanos, sus servicios públicos, sus viviendas y su seguridad.
En una familia nadie considera inhumano que unos padres atiendan primero a sus hijos. Después podrán ayudar al vecino que lo necesite. Lo que nadie aceptaría es que el vecino pudiera entrar en su casa sin permiso y que, una vez dentro, la familia estuviera obligada a repartir con él lo que tiene.
Con un país ocurre algo parecido.
La solidaridad se puede ofrecer; no se puede imponer. La humanidad exige ayudar cuando podemos, pero también exige responsabilidad para garantizar que quienes necesitan nuestra ayuda hoy no sean cada vez más mañana.
Si no se corta el incentivo a las entradas irregulares, si no se corrigen las leyes que impiden actuar con rapidez y si se sigue trasladando el problema de un territorio a otro, lo que ocurra después será cada vez más difícil de controlar.
Y entonces no estaremos hablando de solidaridad, sino de la incapacidad de un Estado para poner límites.
Una sociedad sin fronteras efectivas, sin respeto por la propiedad y sin reglas claras no es más humana.
Es, simplemente, más vulnerable.
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