Ceuta no puede convertirse en el preludio de algo peor

Sobre Ceuta queda mucho que hablar. Desde un presidente que se va todo el mes de vacaciones con sus santos huevazos, dejando al pueblo ceutí ante una situación extraordinaria y media España incendiada. Un mes después, no es que no hayan hecho nada: es que tal parece que, mientras Ceuta se convierte en un polvorín, el Gobierno permanece instalado en la parsimonia.

Y ese es precisamente el mayor peligro.

Porque Ceuta no es cualquier ciudad. Es una frontera española y europea. Lo que allí ocurra no puede contemplarse como un problema local que se resuelve dejando pasar el tiempo. Una ciudad sometida a una presión extraordinaria puede terminar convirtiéndose en terreno abonado para los extremismos de media Europa, y nadie debería jugar con la posibilidad de que una situación de este calibre termine degenerando en algo impredecible.

Los primeros que lo sufrirían serían, naturalmente, los propios ceutíes.

Hasta ellos mismos podrían terminar apoyando y aplaudiendo a cualquiera que les ayude a recuperar una normalidad que hoy sienten amenazada. Personas que durante años han podido dejar que sus hijos e hijas caminen solos por calles, parques, polideportivos, playas o paseos pueden llegar a sentir que todo aquello ha dejado de pertenecerles. No porque hayan cambiado ellos, sino porque una frontera, una ciudad y un país han sido atravesados y alterados por quienes la transgredieron.

Y lo peor no es únicamente que no se haga nada. Lo peor es transmitir la sensación de que no se puede hacer nada. Que quienes han entrado ilegalmente no pueden ser expulsados. Que las leyes les protegen frente al Estado que debe hacer cumplir sus propias fronteras.

Eso sí tiene consecuencias.

Eso sí genera un efecto llamada.

Y puede hacerlo a una escala que hoy ni siquiera alcanzamos a imaginar.

Porque cuando alguien comprueba que atravesar una frontera tiene consecuencias limitadas, mientras que permanecer en el país ofrece protección, asistencia y posibilidades de quedarse, el mensaje que recibe quien está al otro lado es evidente. No hace falta que nadie lo anuncie. Basta con que se perciba.

Y ese es el problema de fondo: un Estado puede ser humanitario sin dejar de ser Estado. Puede proteger al vulnerable sin renunciar a controlar sus fronteras. Puede ayudar a quien lo necesita sin convertir la ilegalidad en una vía de entrada.

No se trata de elegir entre humanidad y seguridad. Se trata de entender que la responsabilidad también forma parte del humanismo.

Sin embargo, parece que España se ha acostumbrado a vivir exactamente al revés: improvisando las consecuencias de decisiones que nunca se quisieron afrontar.

Es el país de la contradicción permanente. Donde se discute antes cómo proteger al okupa que cómo proteger al propietario. Donde la sanidad se desmorona a pasos agigantados, con listas de espera insoportables, mientras las soluciones parecen llegar siempre tarde. Donde una parte de la política parece dedicada a resolver problemas que ella misma contribuyó a crear.

Es también el país donde un Gobierno depende políticamente de corruptos, delincuentes y fugados, concediéndoles a cambio inmunidades, competencias, prebendas, condonaciones de deuda y decisiones que afectan al conjunto de los españoles.

Y es el país donde la vivienda se ha convertido en un problema casi imposible para muchos españoles mientras los precios siguen disparándose; donde determinadas formas de turismo contribuyen a tensionar el mercado del alquiler; donde se genera empleo, sí, pero demasiado a menudo empleo precario y mal remunerado.

Y después nos preguntamos qué ha salido mal.

Basta mirar el plantel de quienes han tenido o tienen responsabilidades políticas: Pedro, Albares, Marlaska, Puente, Margarita, Yolanda, Bolaños, Ana Redondo, ZP, Rufián, Otegi, Puigdemont, Junqueras, Ábalos, Cerdán, Koldo, la fontanera, Belarra, Pam, Montero, Iglesias...

Con este plantel de individuos, ¿qué esperaban que saliera bien?

Pero el problema no es únicamente quién gobierna. Es la forma en que se aferran al poder, unidos por una misma causa: conservarlo mientras una parte cada vez mayor de la sociedad contempla con incredulidad cómo sus problemas se acumulan.

Luego les extrañará que en Europa y en el mundo estén cambiando las mayorías políticas y que aquí pueda terminar sucediendo lo mismo. También en España puede llegar un Gobierno de derechas con mayoría absoluta. Y entonces muchos fingirán sorpresa.

No debería sorprender a nadie.

El desprestigio de la política ha alcanzado tal magnitud que ya casi nada sorprende. Y Ceuta es otro ejemplo de esa desconexión entre quienes toman las decisiones y quienes padecen sus consecuencias.

Porque existe además un efecto llamada de facto cuando, después de una entrada irregular en territorio español, se opta por repartir a quienes han transgredido nuestras fronteras por todo el arco peninsular.

Conviene recordarlo muy bien: si no se produce una respuesta clara, si no se devuelve a quienes han entrado ilegalmente cuando legalmente corresponda, sean mayores o menores, el mensaje que se transmite puede tener consecuencias impredecibles.

Nos jugamos mucho.

Y dejen de apelar continuamente al humanismo y a la sensibilidad de la gente como argumento para impedir cualquier crítica. Eso también puede convertirse en manipulación.

La responsabilidad está por encima de las moralinas infinitas.

A un juez se le exige que condene al delincuente cuando corresponde, sin hacerle sentir culpable por aplicar la ley. Al Gobierno debería exigírsele exactamente lo mismo cuando tiene que hacer cumplir las fronteras y las leyes de inmigración.

Porque proteger al vulnerable no significa abandonar al ciudadano.

Y ser humano no significa dejar de ser responsable.

Ceuta necesita respuestas, no silencio. Y España necesita un Gobierno que entienda que mirar hacia otro lado ante un problema no lo hace desaparecer.

A veces, simplemente, hace que el problema crezca.