La normalización de lo anormal: huelga médica, Ceuta y afán de poder

Hay algo que empieza a preocuparme más que cada problema por separado: nuestra capacidad para acostumbrarnos a ellos.

La huelga indefinida de médicos, lo ocurrido en Ceuta y la manera en que nuestros políticos se aferran al poder pueden parecer asuntos diferentes. No lo son. Los tres tienen un mismo denominador: hemos conseguido hacer normal lo que no debería serlo.

Un médico tiene derecho a reivindicar. Naturalmente. Pero también un enfermo tiene derecho a ser atendido. Y cuando existen listas de espera que ya resultan escandalosas, una huelga indefinida no puede analizarse únicamente desde el derecho laboral. Hay otra responsabilidad: la que existe con quien espera una prueba, una operación o un diagnóstico.

Porque una sanidad que llega tarde cuando la enfermedad no espera deja de cumplir aquello para lo que fue creada. Y puede poner en riesgo vidas humanas.

Resulta curioso: uno va a más velocidad de la permitida y le multan porque supone un riesgo para los demás; un médico que se pone en huelga cuando hay pacientes esperando y cuya desatención puede agravar su enfermedad parece que entra en otra categoría de responsabilidad. Vivimos una época de contradicciones extrañas.

Y con Ceuta ocurre algo parecido. Una frontera no es una línea pintada en un mapa. Es la expresión física de que existe un Estado que decide quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones. Cuando esa frontera puede ser traspasada sin que exista una respuesta suficientemente firme, el mensaje que queda no es precisamente de fortaleza, sino de debilidad.

No estoy hablando de disparar indiscriminadamente ni de saltarse la ley. Estoy hablando de algo mucho más elemental: que quien pretende vulnerar una frontera sepa que existe un Estado detrás de ella dispuesto a defenderla.

Porque la autoridad que nunca se ejerce termina dejando de ser autoridad.

Y luego está la política. Quizá sea el origen de todo lo demás.

Cuando conservar el poder se convierte en el objetivo principal, todo empieza a tener precio: competencias, concesiones, reformas, indultos, amnistías, nacionalidades, apoyos parlamentarios. Lo que debería responder al interés general acaba utilizándose para mantener una mayoría.

Y ahí es donde empieza la degradación de todo lo demás.

Porque un Gobierno no está para sobrevivir a cualquier precio. Está para gobernar. Para decidir. Para decir que sí cuando corresponde y que no cuando sea necesario. Para asumir el coste de sus decisiones.

Nos hemos acostumbrado tanto a que todo sea negociable que ya ni siquiera nos sorprende que lo esencial pueda convertirse en moneda política.

Después nos preguntamos por qué el ciudadano desconfía.

Desconfía porque ve que al médico se le permite llegar a un conflicto que afecta a pacientes; que una frontera puede ser desbordada y que siempre aparece una explicación melancólica, humanista, sensiblera, puritana, cargada de una falsa sensibilidad que coloca la conciencia individual por encima de la responsabilidad institucional.

Pero un político español debe velar, ante todo, por el bienestar de los ciudadanos a los que representa. No puede asumir como propia la responsabilidad sobre todos los vulnerables de un continente mientras deja desatendidas las necesidades de quienes ya viven dentro de nuestras fronteras.

Y tampoco puede cambiar de criterio sobre asuntos fundamentales simplemente porque necesita unos votos más.

Mientras tanto, el país sigue funcionando por inercia.

Hasta que deje de hacerlo.

Ese es el verdadero peligro.

Cuando una sociedad empieza a considerar normal que nadie responda de nada, el problema ya no es una huelga, una frontera o un Gobierno.

El problema es que hemos empezado a perder la idea misma de responsabilidad.

Y sin responsabilidad no hay Estado fuerte, ni sanidad eficaz, ni fronteras seguras, ni vivienda, ni salario digno, ni políticos que respondan por sus actos, ni ciudadanos que exijan, ni política digna de ese nombre.

Solo queda la costumbre de mirar hacia otro lado.

Cayeron imperios. Se empobrecieron regiones como Asturias, que durante un siglo estuvo a la cabeza en riqueza y bienestar. Se empobrecieron países antaño prósperos y receptores de inmigración por culpa de políticos y políticas nefastas.

Y ahora vemos cómo se debilitan España y Europa como Estados democráticos y como sociedades construidas durante generaciones alrededor de unas libertades, unos derechos y un modelo de convivencia que no aparecieron de la nada.

Europa tiene raíces cristianas -católicas, ortodoxas y protestantes- y sobre ellas se desarrolló buena parte de su cultura política, social y moral. Hoy asistimos a la expansión de corrientes de islamismo radical que cuestionan precisamente algunos de los principios sobre los que hemos construido nuestra sociedad: la libertad individual, la igualdad entre hombres y mujeres, la separación entre religión y Estado y nuestras formas democráticas de convivencia.

El problema no es el musulmán que viene a trabajar, a vivir en paz y a integrarse. El problema es el radicalismo que no acepta nuestras reglas y la ingenuidad de quienes creen que toda inmigración es integración por el simple hecho de entrar.

Una sociedad puede ser abierta sin ser ingenua. Puede ser solidaria sin ser irresponsable. Puede acoger sin renunciar a controlar sus fronteras.

Incluso desde ámbitos religiosos que durante mucho tiempo han defendido la acogida se escuchan ya voces de preocupación ante el avance del radicalismo islámico. Mientras tanto, demasiados gobiernos parecen incapaces de plantearse seriamente las consecuencias de determinadas políticas.

Y los ciudadanos hemos comprado también algunos relatos sin preguntarnos demasiado por sus consecuencias.

Por ejemplo, que todos los que llegan son niños, cuando una parte importante son jóvenes adultos sin saber su edad cierta. O que permitir que quien ha conseguido entrar irregularmente pueda quedarse constituye un gesto puramente humanitario, sin preguntarnos qué mensaje estamos enviando a millones de personas que viven a una distancia mínima de una Europa con una diferencia abismal de bienestar.

Las decisiones importan.

Y traen consecuencias.

No vale apelar permanentemente al humanismo casero, al sensiblerismo sin responsabilidad o a una solidaridad sin límites. Los recursos de un país son limitados y su primera obligación es administrarlos para garantizar la dignidad, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Pretender estirarlos indefinidamente para cualquiera que llegue, sin planificación, sin control y sin capacidad real de integración, no es solidaridad: es una temeridad.

Y puede acabar perjudicando tanto a quienes ya estamos aquí como a quienes pudieran venir buscando una vida mejor.

Porque el problema nunca fue ayudar.

El problema es dejar de saber dónde termina la solidaridad y dónde empieza la irresponsabilidad.

Y quizá ese sea el hilo que une todo lo anterior: médicos, fronteras y políticos.

La pérdida de responsabilidad.

Hemos hecho normal lo anormal.

Y cuando lo anormal se convierte en costumbre, recuperar la normalidad deja de ser sencillo.