La solidaridad también necesita límites
Hay una confusión que conviene desmontar: defender unas fronteras controladas y exigir una inmigración ordenada no convierte a nadie en racista ni insensible. Al contrario: también puede ser una cuestión de responsabilidad.
España no es un país construido de la nada. Nuestros padres y abuelos conocieron la pobreza, la guerra, la emigración y décadas de dificultades. Con trabajo, sacrificio y reivindicación levantaron poco a poco un Estado de Derecho y un sistema de bienestar que hoy damos por descontado. Ese patrimonio social no es propiedad de ningún Gobierno: pertenece a varias generaciones de españoles.
Por eso resulta irresponsable abordar la inmigración únicamente desde la emoción. La compasión no puede sustituir a la política. Un Estado tiene que saber cuántas personas puede acoger, cómo integrarlas, dónde alojarlas y qué impacto tendrá esa llegada sobre la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la seguridad.
Ayudar al vulnerable es una obligación moral. Pero ningún país puede convertir esa obligación en un compromiso ilimitado. Los recursos no son infinitos y las fronteras tampoco pueden convertirse en una cuestión secundaria.
Y hay otra palabra que debemos recuperar: integración. Quien llega a España debe ser bienvenido dentro de la ley, pero también debe aceptar las leyes, las normas de convivencia, la igualdad entre hombres y mujeres y los principios básicos de nuestra sociedad. Integrarse no significa crear comunidades paralelas ni exigir al país receptor que renuncie a sus propias reglas.
Ceuta conoce especialmente bien lo que ocurre cuando los problemas migratorios se concentran sobre territorios pequeños y servicios públicos limitados. No basta con pedir solidaridad a sus vecinos desde la distancia. Quien gobierna tiene la obligación de protegerlos y de garantizar que no se sientan abandonados por su propio Estado.
Tampoco necesitamos discursos que enfrenten al que llega con el que ya estaba. Necesitamos una política migratoria seria, legal, ordenada y sostenible. Una política que distinga entre quien necesita protección, quien viene legalmente a trabajar y quien pretende entrar al margen de las normas.
Porque controlar las fronteras no es levantar muros contra el mundo. Es decidir democráticamente quién entra, en qué condiciones y con qué derechos y obligaciones.
La verdadera insolidaridad sería dejar a las próximas generaciones un país incapaz de sostener su sanidad, su vivienda, su educación y su Estado del bienestar por miedo a abordar un problema que exige soluciones.
Ayudar, sí. Acoger cuando se pueda. Integrar siempre. Pero gobernar también significa saber decir: hasta aquí podemos llegar.
Hoy parece que discrepar ya es suficiente para que te llamen machista, racista, xenófobo o facha.
Me niego a aceptar ese juego. Se puede hablar de todo con respeto, pero sin eufemismos que blanqueen la realidad ni etiquetas que sustituyan a los argumentos.
Llamemos a las cosas por su nombre y debatamos las ideas, no a las personas.
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