Lección de una mujer a Barbón en Mieres

Bien por ella. Quiso ese sujeto darle clases y hablar con cátedra, y ella le puso en su sitio. Bien, señora. A estos no hay que callarles ni una.

Cuando un político tan nefasto e imberbe -no por tierno ni por no tener suficiente cara para llevar barba, sino por osar presidir una comunidad autónoma sin más experiencia laboral que haberse criado políticamente en las Juventudes Socialistas-, uno no puede dejar de preguntarse qué daño han hecho esas juventudes a la política.

De allí han salido buena parte de los líderes actuales de los partidos. Y si añadimos a los políticos de partidos independentistas y de formaciones como Podemos o Sumar, además de verdes, ecologistas, animalistas y toda esa constelación de siglas, nos encontramos con el panorama que tenemos: una política cada vez más alejada de personas capaces, con personalidad, oficio y experiencia real fuera del aparato de los partidos.

Profesionales curtidos y tallados en la empresa privada, que sepan lo que cuesta crear un puesto de trabajo, sacar adelante una empresa y ganarse un salario. Pero no. Lo que tenemos, a mi juicio, es una clase política en la que demasiados apenas han conocido otra cosa que el ruedo público.

Y el resultado ya lo ven: desastre general.

Nada funciona como debería, salvo sus chiringuitos.

Al no exigirles nadie responsabilidades de verdad, parece que todos son lo mismo y que no hay manera de echarlos. Entre todos se lo montan de puta madre: se reparten cargos, portavocías, Senado, eurodiputaciones, diputaciones, concejalías, consejerías, ministerios, direcciones, gerencias... Es un ir y venir entre ellos. Todos están. No se va ninguno.

Dejamos de votarlos, pero ellos ya se han resuelto el futuro.

Y lo grave es que cada vez parece haber menos ciudadanos fiscalizando lo que hacen. Cuando alguno se corrompe, nunca falta quien termine defendiendo soluciones políticas o jurídicas que generan una enorme controversia, incluidos indultos o amnistías.

Mientras tanto, la fiesta continúa.

Los impuestos suben, la vida sube y sube, y cada vez hace falta más dinero para mantener una estructura política y administrativa que muchos ciudadanos perciben como excesiva. Y luego resulta que no hay inversión pública suficiente para generar dinamismo económico, arreglar carreteras, construir vivienda pública, mejorar e inspeccionar residencias de ancianos o recuperar una sanidad cada vez más desfigurada.

Hasta hemos llegado al punto de que determinados colectivos sanitarios pueden ponerse en huelga y amenazar con hacerla indefinida, mientras el ciudadano enfermo queda en medio de una disputa en la que debería ser siempre la prioridad. Aquí tiene que volver el despido, y sería más que procedente y conveniente. No sé si reflexionan sobre lo que están haciendo, pero están poniendo en riesgo vidas humanas. Y eso no puede quedar sin consecuencias.

Se encarece todo. La inflación aprieta. La deuda pública parece no importar demasiado. El turismo invade determinados espacios y tensiona la vivienda, encareciéndola y saturando ciudades y pueblos.

Y después está la inmigración, cuya gestión se ha convertido en uno de los grandes problemas políticos y sociales de nuestro tiempo. Un asunto que no se puede abordar ni desde la demagogia ni desde el buenismo, sino desde el control, la legalidad, la integración y la capacidad real del país para asumir los flujos migratorios, más aun cuando son invasivos, transgreden fronteras y proceden de culturas y religiones cuyos valores, en determinados aspectos, dificultan la confianza en una integración real y efectiva.

Porque si no somos capaces de gestionar lo que entra, lo que sale, lo que podemos ofrecer y lo que nuestras propias estructuras son capaces de soportar, llegará un momento en que será demasiado tarde para rectificar.

Grandes imperios cayeron. Ninguna civilización tiene garantizada su permanencia. Europa y la España que hemos conocido tampoco están al margen de la historia.

Y aquí es donde algunos prefieren no mirar.

No se trata de odiar a quien viene ni de negar oportunidades a nadie. Se trata de preguntarnos qué modelo de sociedad queremos, qué capacidad tenemos para integrar a quienes llegan y qué consecuencias puede tener una inmigración descontrolada sobre los servicios públicos, la vivienda, los salarios, la convivencia y nuestra propia identidad cultural.

Porque una cosa es ayudar al que llega y otra muy distinta es convertir el Estado en una máquina incapaz de poner límites.

No podemos pretender que todos los problemas se solucionen regalando lo que no tenemos, mientras quienes llevan toda una vida trabajando ven cómo cada vez les cuesta más llegar a fin de mes.

Y esa, precisamente, es la contradicción de esa supuesta igualdad que algunos predican: al final, corremos el riesgo de que no consista en que todos vivamos mejor, sino en que todos terminemos viviendo peor.

Ese es el modelo que, en mi opinión, han contribuido a construir Podemos, el sanchismo y buena parte de quienes llevan años haciendo política desde el aparato: igualarnos por abajo.

Y mientras ellos siguen entrando y saliendo de despachos, ministerios, parlamentos, consejerías y consejos de administración, el ciudadano de a pie sigue pagando la fiesta.

Eso sí: cuando llega el momento de pedir responsabilidades, parece que siempre hay una puerta trasera.

Y así llevamos años.

Unos entran.

Otros salen.

Pero ellos, casi siempre, siguen dentro.