La igualdad no consiste en cobrar lo mismo
Hay una idea que parece sencilla, pero que puede tener consecuencias muy poco igualitarias: pensar que una sociedad justa es aquella en la que todos cobran prácticamente lo mismo.
La economía no funciona así. Una persona que empieza a trabajar no tiene, normalmente, la misma experiencia, formación, responsabilidad ni productividad que quien lleva veinte años desempeñando una profesión. Pretender que ambos reciban desde el primer día la misma remuneración elimina uno de los principales incentivos para progresar: mejorar para ganar más.
La meritocracia no significa que todos partamos de las mismas circunstancias, sino que exista la posibilidad de avanzar. Quien empieza desde abajo debe poder adquirir experiencia, asumir responsabilidades y demostrar que merece subir.
Y hay una cuestión que puede parecer cruel, pero que es simplemente económica: los salarios también determinan qué trabajos pueden existir.
Pensemos en una persona mayor que cobra 1.500 euros de pensión y necesita cuidados. Si cada cuidador costara 1.300 euros más cotizaciones y cargas sociales, ¿cómo podría contratar a tres personas? No podría. El problema no se resuelve decretando salarios que el usuario del servicio no puede pagar. Al final, determinados trabajos dejan de ser viables y desaparecen.
Hace años, una trabajadora extranjera podía aceptar un empleo de interna por una remuneración más baja, con alojamiento y manutención incluidos, y ahorrar una parte importante de lo que ganaba para enviarla a su familia. Hoy puede cobrar más, pero si debe pagar vivienda, alimentación, transporte y demás gastos, puede quedarle muy poco o nada. Y si el coste total hace imposible contratarla, tampoco gana ella ni gana la persona que necesita sus cuidados.
Esto no significa defender salarios miserables ni justificar abusos. Significa entender que un salario no puede analizarse únicamente mirando la cifra que recibe el trabajador. Hay que mirar también cuánto cuesta contratarlo, cuánto puede pagar quien necesita ese servicio y cuánto le queda realmente al trabajador.
Recuerden todos y todas que las cargas sociales y los impuestos dan para pagar una tropa inmensa de políticos, cargos y salarios enormes, pero no dan para facilitar que una abuela pueda recibir los cuidados que necesita.
Al menos, el Gobierno y las Administraciones deberían hacerse cargo de la parte reguladora y facilitar que estas personas puedan trabajar y cuidar de nuestros mayores.
Ahora que está tan de moda nacionalizar incluso a quien jamás ha pisado nuestro país, ¿no se lo merece más quien viene a cuidar de nuestros mayores, a los que el Gobierno y las Administraciones abandonan a su suerte, mientras parece que se preocupan más por las mascotas?
¿No deberíamos empezar por cuidar a quienes nos cuidaron?
Por eso, una sociedad responsable debe distinguir entre proteger y sustituir. Si hay personas o familias que necesitan un apoyo especial, ahí debe estar la solidaridad: personas con discapacidad, enfermos, ancianos y quienes, por circunstancias objetivas, no pueden valerse por sí mismos. Ayudar a quien no puede es una obligación moral y social.
Pero fuera de esas situaciones, para quien tiene capacidad para trabajar, la mejor política social debería ser precisamente facilitar el trabajo, la formación y la posibilidad de mejorar. No podemos convertir la ayuda en una alternativa permanente al esfuerzo cuando existe capacidad para progresar.
Porque, al final, salarios, condiciones laborales y productividad están estrechamente ligados. Si queremos mejores salarios de forma sostenible, necesitamos trabajadores más cualificados y productivos y empresas capaces de generar más valor. No existe una fórmula que permita aumentar indefinidamente los salarios sin que exista riqueza suficiente para pagarlos.
Una economía en la que pretendamos pagar lo mismo al ingeniero agrónomo que al recolector, al aprendiz que al profesional experimentado o al trabajador sin responsabilidad que al que dirige una empresa acabará desincentivando la formación, la responsabilidad y la productividad.
La igualdad absoluta no existe ni puede existir. Lo que sí debemos exigir es igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades y la posibilidad real de progresar.
Y hay una obligación que no debería confundirse con todo lo anterior: que los poderes públicos cumplan con lo que establece nuestra Constitución y garanticen las condiciones para una vida digna, el acceso a una vivienda y un trabajo digno.
No se trata de que todos cobremos lo mismo. Se trata de que quien pueda trabajar tenga la oportunidad de progresar, y de que quien no pueda hacerlo no quede abandonado.
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