Una cosa es conceder la nacionalidad y otra decidir sobre España
Conceder la nacionalidad española por los vínculos familiares, la historia o las raíces de nuestros antepasados es una cosa; otorgar capacidad para decidir quién gobierna España y cómo se gestionan los impuestos de quienes los pagamos es otra muy distinta. Cuesta entender que alguien que vive en el extranjero, que nunca ha residido en España o que solo viene de visita pueda influir en decisiones que afectan directamente a quienes vivimos aquí, trabajamos, cotizamos, creamos empresas y sostenemos los servicios públicos con nuestro esfuerzo diario. La memoria, la nostalgia y un apellido español pueden mantener un vínculo sentimental con el país, pero no sustituyen la experiencia de vivir aquí, conocer nuestros problemas y contribuir a la sociedad. Los recursos públicos son limitados y deben gestionarse con responsabilidad, teniendo en cuenta las necesidades de quienes contribuyen a sostenerlos. Por eso, es legítimo preguntarse si ampliar el censo electoral en el extranjero responde únicamente a razones de vinculación con España o si también se pretende buscar fuera los votos que no se consiguen dentro. Reconocer unas raíces no debería convertirse en una herramienta para alterar el equilibrio electoral de quienes vivimos aquí. La nacionalidad, el derecho al voto y el acceso a los servicios públicos son cuestiones distintas que merecen un debate serio y transparente. Porque una cosa es sentirse español desde la distancia y otra muy diferente es vivir las consecuencias de las decisiones que se toman en España. Quienes vivimos aquí tenemos derecho a exigir que este debate se afronte con rigor, responsabilidad y respeto por el esfuerzo de quienes sostenemos el país cada día.
Nadie de fuera puede alterar nuestro censo ni decidir por nosotros. Somos nosotros quienes debemos elegir a nuestros representantes y decidir nuestro propio futuro, nadie más. Porque somos nosotros quienes construimos, pagamos y contribuimos a sostener nuestro Estado del bienestar y nuestros recursos públicos.
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