El dinero no compra la libertad, pero la condiciona
Libertad, esa palabra tan desvirtuada por la acción manipuladora de propios y extraños, sobre todo por los impropios: personajes públicos que mantienen una relación impropia con el término utilizándolo como sinónimo de rentabilidad política, es decir, de picaresca embaucadora. Quienes así se manifiestan, casi siempre se refieren a una libertad sometida al ideario de una minoría capitalista. La libertad con mayúsculas, tiene tantas aristas que no tiene cabida en el entendimiento político de los sistemas democráticos actuales.
La RAE, en su quinta acepción, define la libertad en los sistemas democráticos, como el derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Según esta concreción, la libertad es un derecho de valor superior que iguala a toda persona nacida en un Estado democrático. Pero solo nos iguala en el momento de nacer, al día siguiente comienzan las desigualdades y con ellas, otras definiciones más complejas sobre lo que significa la libertad.
Al menos, hay tres formas de clasificar la libertad: la libertad absoluta, regida por la abstracción, la imaginación y la creatividad inmaterial. Es la libertad de la idea, del ideal platónico, aquella que permanece en la mente, papel, lienzo, etcétera, como creación conceptual -creatividad inmaterial-, sin que la práctica sea un objetivo en sí mismo. Se podría decir que es una libertad utópica.
La libertad relativa, supeditada a las relaciones interpersonales familiares, sociales y laborales. Es la única libertad que, en mayor o menor medida, podemos decir que es real, ya que podemos llevar a la práctica el derecho de elección con quién y en qué términos queremos mantener esa relación.
La libertad formal o libertad liberal, relacionada con el valor del dinero. Aquí, se rompe ese principio de libertad como derecho y estado natural del ser humano. Las personas no somos iguales ante ninguna categoría de elección ni derecho fundamental. Ni siquiera somos iguales ante la ley, desde el momento en que el dinero facilita mejores defensas. Todo está intervenido por la capacidad económica individual. Es una libertad con el riesgo cierto de degenerar en distopía si, llegado el momento, triunfa el principio anarcocapitalista de la no intervención del Estado en la economía. Es esta libertad a la que destinan todos sus esfuerzos, con engaños más o menos evidentes, personajes políticos como Javier Milei recortando el gasto público hasta dejarlo en condiciones de miseria social. Isabel Díaz Ayuso y la libertad de las cañitas y rebajas fiscales a los sectores sociales más poderosos. Donald Trump y el asalto a la economía mundial y particularmente al petróleo venezolano. Tos ellos hablan de libertad con un desparpajo que dan ganas de llorar. Lo triste es que hay una sociedad mayoritaria que les compra ese discurso.
En la Constitución española, los principios sociales recogidos en ella, son papel mojado en la práctica, que ni siquiera pueden ser presentados ante los tribunales de justicia como argumento legal. Cuestiones como el derecho a una vivienda digna, derecho al trabajo y a una remuneración justa, la redistribución de la renta y el pleno empleo, la subordinación de la riqueza al interés general o la suficiencia económica en la tercera edad, tienen textos desarrollados considerados utópicos. Solo pueden realizarse alegaciones ante los tribunales de acuerdo con lo que disponen las leyes que los desarrollan. Esto quiere decir que, en la práctica, los principios sociales quedan supeditados al poder económico individual y a las políticas sociales de redistribución de la riqueza, que tengan a bien ejecutar los gobiernos autonómicos y central, de turno. En los sistemas democráticos liberales, que son la mayoría, el dinero se antepone a los principios sociales y de libertad. ¿Tendrá algo que ver, en toda esta degradación sociopolítica, el dato que confirma que el 10% más rico de la población mundial concentra el 75% de la riqueza global?
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