Envejecer no debería ser un lujo
¿Qué ocurre cuando una persona mayor necesita cuidados que su familia no puede proporcionarle y el sistema público no llega a tiempo? En Asturias, demasiadas familias se enfrentan a esta realidad: esperas interminables, falta de plazas públicas y concertadas y residencias privadas cuyos precios resultan inasumibles para una pensión media.
Los procedimientos para obtener o revisar el grado de dependencia y acceder al Programa Individual de Atención (PIA) pueden prolongarse durante más de un año. Pero la dependencia no espera. Mientras la Administración tramita expedientes, las necesidades aumentan, las familias se desgastan y alguien tiene que asumir unos cuidados que no siempre puede ofrecer.
A esta situación se suma la saturación de las plazas residenciales. En las grandes ciudades, acceder a una residencia pública puede resultar especialmente difícil para quienes no tienen un grado de dependencia elevado o cuentan con ingresos modestos. ¿Qué alternativa les queda?
La privada, en muchos casos, tampoco es una opción. Con precios que pueden rondar los 2.300 euros mensuales, muchas familias sencillamente no pueden asumir el coste. Así, un derecho reconocido corre el riesgo de convertirse en un privilegio reservado a quienes pueden pagarlo.
¿Estamos haciendo negocio con una etapa de la vida? No se trata de cuestionar los costes reales de una atención de calidad, sino de preguntarnos qué modelo de sociedad estamos construyendo cuando el acceso a los cuidados depende de la capacidad económica de cada familia.
Desde mi experiencia en el ámbito educativo, hay algo que me llama especialmente la atención. Cuando buscas una residencia privada, el precio puede variar según el grado de dependencia de la persona. Entiendo que las necesidades asistenciales son diferentes y requieren recursos distintos, pero me pregunto: ¿veríamos normal que un colegio privado o concertado cobrara más a una familia porque su hijo tiene una discapacidad y necesita más apoyos? ¿Aceptaríamos que necesitar más atención se convirtiera en una barrera económica adicional?
La infancia necesita recursos, conciliación y oportunidades. Por supuesto. Pero la vejez también. No podemos permitir que las personas pierdan relevancia social cuando dejan de ser productivas, como si su valor dependiera de su capacidad para trabajar y generar ingresos.
Asturias necesita reducir los tiempos de espera, ampliar las plazas públicas y concertadas y garantizar alternativas asequibles para quienes tienen pensiones bajas. También necesita reforzar los apoyos a las familias cuidadoras y asegurar que nadie quede desatendido por falta de recursos económicos.
Al final, la pregunta es sencilla: ¿qué sociedad queremos construir? ¿Una en la que cada familia resuelva como pueda la dependencia de sus mayores o una que entienda los cuidados como una responsabilidad colectiva?
Envejecer no debería ser un lujo. Recibir cuidados no debería depender del dinero que uno tenga. Y la dignidad no debería estar condicionada por la edad ni por el grado de dependencia.
Porque una sociedad verdaderamente avanzada no es solo la que cuida de quienes empiezan la vida, sino también la que acompaña con dignidad a quienes la han recorrido casi entera.
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