Las competencias no pueden ser una excusa para eludir responsabilidades
El Gobierno central no puede escudarse en que determinadas competencias están transferidas a las comunidades autónomas para lavarse las manos, culpar a los gobiernos regionales y no hacer nada ante los problemas que sufren los ciudadanos. Gobernar implica asumir responsabilidades, buscar soluciones y actuar cuando la gestión falla, no limitarse a señalar a otras administraciones. Si el Estado tiene capacidad para legislar, negociar y transferir competencias, también debe tener la voluntad política de revisar ese reparto cuando los resultados son insatisfactorios. Lo que no puede hacer es desentenderse de los problemas y utilizar el modelo territorial como un parapeto para evitar asumir su propia responsabilidad.
Las competencias se transfieren para mejorar la gestión de los servicios públicos, no para convertirse en parcelas de poder político ni en instrumentos de negociación para mantenerse en el Gobierno. Si una comunidad autónoma recibe financiación pública para gestionar un servicio y demuestra reiteradamente que no es capaz de ofrecer soluciones eficaces, el Gobierno central debe exigir responsabilidades y promover la recuperación de esas competencias por los cauces legales correspondientes. Las leyes no son inmutables: el legislador puede modificarlas cuando existe voluntad política para hacerlo. Lo que no es aceptable es que los ciudadanos paguen las consecuencias de una mala gestión mientras las administraciones se pasan la responsabilidad unas a otras. Las competencias se dan y, cuando dejan de cumplir su finalidad deben poder recuperarse. El poder no puede estar por encima del servicio a los ciudadanos.
Escuchamos demasiadas veces aquello de que «es competencia de las comunidades autónomas» y que si necesitan ayuda, deben pedirla al Gobierno central. Pues no, señor. Las administraciones del Estado deben trabajar coordinadas, con responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos. El Gobierno central no puede limitarse a observar cómo surgen los problemas y escudarse en el reparto de competencias. Sanidad, vivienda, empleo, educación, economía, inmigración o seguridad son cuestiones fundamentales que requieren colaboración y una respuesta eficaz de todas las administraciones.
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