Las pensiones no son las culpables
Preguntan los economistas de dónde saldrá el dinero para pagar las pensiones. La pregunta es legítima. Lo que no es aceptable es hacerla sin preguntar también dónde va el dinero que recaudamos, cómo se gasta y quién responde cuando se malgasta.
Llevamos años con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. Se gobierna recurriendo a decretos y después se pretende que aceptemos como inevitable que no habrá dinero para todo. ¿Dónde están las cuentas claras? ¿Dónde el debate sobre las prioridades? ¿Con qué autoridad se pide sacrificio a los pensionistas mientras no se explica suficientemente cómo se administra el dinero de todos?
Y cuando se aprueban partidas o ayudas en plena precampaña electoral, en plena confrontación política, hay que examinar su finalidad, su oportunidad y sus beneficiarios, y si no responde a un uso partidista de las instituciones en busca de votos. Es desleal y debiera ser sancionado que lo que no hizo durante ocho años de gobierno pretenda hacernos tragar que lo ve urgente en estos momentos de elecciones sin buscar clientelismo. El dinero público no es del Gobierno de turno ni una caja electoral. Tampoco el amor, un beso o una imagen emotiva pueden sustituir las explicaciones que exigen la gestión pública y la corrupción. La emoción puede ganar titulares; las cuentas deben cuadrar con transparencia y responsabilidad.
Pero lo más grave es enfrentar a los jóvenes con sus padres y abuelos, haciéndoles creer que las pensiones son las culpables de su precariedad.
Un joven no cobra poco porque su padre cobre una pensión. Cobra poco porque su trabajo se paga poco. Si tiene estudios, preparación y formación, pero no puede emanciparse ni vivir dignamente de su salario, que se pregunte quién fija sus condiciones laborales y por qué se acepta como normal que trabajar no garantice una vida digna.
Nuestros mayores no son una carga. Han trabajado y cotizado durante décadas. Y los jóvenes de hoy serán los pensionistas de mañana. Quien acepta que se debiliten las pensiones de sus padres creyendo que así mejorará su futuro puede estar cavando su propia fosa.
Tampoco basta con presumir de gasto público. Si se invierte en sanidad y los pacientes no reciben atención a tiempo, hay que investigar por qué. Si hay negligencia, deben exigirse responsabilidades. Si se destinan recursos a educación y los resultados no llegan, hay que revisar la gestión. Si los servicios sociales abandonan a quienes necesitan ayuda, las cifras presupuestarias no sirven de excusa. Gastar no es gestionar. Y gestionar mal el dinero público tiene consecuencias para personas reales.
Por eso hacen falta presupuestos transparentes, prioridades justificadas y responsabilidades cuando se despilfarra o se incumplen las obligaciones del cargo. No vale exigir sacrificios siempre a los mismos mientras quienes toman las decisiones se escudan en la complejidad del sistema.
Claro que hay que garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Pero eso exige analizar ingresos, empleo, salarios, cotizaciones y gasto público. No basta con anunciar que las cuentas no salen y preparar a la sociedad para aceptar recortes. Primero hay que demostrarlo, estudiar alternativas y explicar quién asume los costes de cada decisión.
Basta de enfrentar a jóvenes y pensionistas. Basta de utilizar el miedo para tapar la falta de respuestas. Y basta de pedir sacrificios a quienes cumplen mientras se eluden responsabilidades desde el poder.
La pregunta no es solo de dónde saldrá el dinero para pagar las pensiones. Es quién ha permitido que tantos trabajadores cobren salarios insuficientes, quién decide cómo se gasta el dinero público y quién responde cuando se gestiona mal.
Porque las pensiones no son el problema por el mero hecho de existir. El problema es pretender que los ciudadanos acepten perder derechos sin exigir antes cuentas claras a quienes tienen la obligación de protegerlos.
Que nadie enfrente a nuestros hijos con sus padres para que dejemos de mirar hacia arriba. El futuro de los jóvenes no se construye empobreciendo a los mayores, sino garantizando trabajo digno, salarios justos y pensiones decentes.
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