Reglamento de retornos de la UE y elecciones generales
La entrada en vigor del reglamento de retornos de la Unión Europea, el pasado 16 de octubre, ha pasado prácticamente desapercibida para la opinión pública española. Sin embargo, tanto su contenido como el debate político que suscita merecen una breve reflexión, especialmente en el actual contexto electoral.
A la luz del Tratado de la Unión Europea y de la Carta de los Derechos Fundamentales, resulta sorprendente que el reglamento de retornos incorpore medidas como las siguientes: la posibilidad de establecer acuerdos específicos con terceros países que no sean los de origen de la persona migrante, siempre que sean considerados "estados seguros" (entre ellos, Marruecos, Bangladés, India o Colombia), con el objetivo de ampliar las opciones de retorno de los estados miembros; el internamiento de personas migrantes cuando se considere necesario o proporcionado para ejecutar un retorno o una expulsión, por periodos que pueden alcanzar los 24 meses.
Veamos un ejemplo que permita entender el alcance práctico de estas medidas. Una mujer venezolana que llegara a España en octubre de 2026 y se encontrara en situación administrativa irregular podría ser internada durante un periodo de hasta dos años y, posteriormente, trasladada a un país como Marruecos en virtud de un acuerdo suscrito con ese "tercer país seguro".
Hasta hace relativamente pocos años, la adopción de medidas de esta naturaleza habría resultado difícilmente imaginable en la Unión Europea. Es cierto que las mayorías políticas eran entonces distintas, pero también lo es que se desaprovechó la oportunidad de desarrollar una política común que facilitara de forma decidida el acceso regular al empleo de las personas migrantes en el conjunto de la Unión.
El resultado es una evolución preocupante que encuentra en el reglamento de retornos uno de sus ejemplos más significativos: la pérdida de valores y principios de la UE, con unas instituciones comunitarias que -dominadas por la derecha- centran el grueso de sus esfuerzos en la toma de medidas para la expulsión de los migrantes y no en la acogida de los miles de personas que este viejo continente necesita para su supervivencia.
La sostenibilidad de los sistemas europeos de bienestar y de pensiones depende cada vez más de la inmigración. Esta constituye un elemento esencial para compensar el declive demográfico y mantener una población activa suficiente. La necesidad de inmigración no es una hipótesis, sino una realidad ampliamente reconocida. Por ello, urge definir un sistema ordenado, integral y eficaz de entrada e integración de quienes pueden contribuir a mantener la prosperidad económica y la calidad de nuestros servicios públicos.
En lo inmediato, me gustaría apelar a la humanidad de las ciudadanas y ciudadanos que estamos llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre. También en esas elecciones decidimos qué orientación política adoptará el Gobierno de España ante cuestiones como los acuerdos de expulsión a terceros países o el recurso al internamiento prolongado previsto por el reglamento de retornos.
La cita electoral del 29-N determinará igualmente qué posiciones defenderá España en el seno del Consejo de la Unión Europea durante los próximos años. Y, frente a quienes consideran que la eventual soledad de España en una Europa crecientemente escorada hacia la derecha constituye una debilidad, somos muchos quienes lo interpretamos como una muestra de firmeza en la defensa de los valores fundamentales que dieron sentido al proyecto europeo.
Está en nuestras manos evitar que Europa continúe alejándose de los principios humanistas sobre los que se construyó.
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