A la Dirección General de la Fe Pública
Permítanme divulgar esta inquietud, que considero un grave perjuicio para muchos interesados. El mundo es crecientemente global y, más allá de que nos gusten o no las corrientes migratorias, lo cierto es que los porcentajes de migrantes en España crecen exponencialmente. Pues bien, salvo para la casi globalidad de estados sudamericanos, así como también en los casos de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y Francia, a los que España permite que sus ciudadanos naturalizados españoles conserven la suya de origen, España obliga a renunciar a la nacionalidad primitiva a los ciudadanos que adquieren nuestra nacionalidad. Los argumentos esgrimidos son los de lealtad, vinculación histórica y principio de reciprocidad, así como también una supuesta seguridad jurídica e integración cívica. Nos curamos en salud señalando que los estados de origen son soberanos a la hora de aceptar o no la renuncia a la nacionalidad de origen que exige España. Lo cierto es que no me parece que sea moral ni ético que a quien quiera ser español se le obligue a renunciar de su origen. Más aún en la era de la IA, donde el registro de censo se puede llevar con suma precisión mundial más allá de múltiples nacionalidades. Tampoco me vale lo de la seguridad jurídica de los afectados, porque interpreto que un Estado protector siempre vela por sus nacionales, incluido cuando uno de ellos rechaza su apoyo. Si ambos anhelan el socorro, semejante hermosa actitud invita a que sea el otro quien ejecute la ayuda. No se le puede obligar a nadie a que renuncie a una parte de su yo. Abrazar el siglo XXI es de obligado cumplimiento.
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