El derribo de la Casa Rosa del barrio de San Lázaro
El inicio de la demolición de la Casa Rosa en San Lázaro, según asegura el concejal de Seguridad de Oviedo, pone fin a un largo episodio de inseguridad en el barrio. Sin embargo, las informaciones publicadas incurren en una confusa ambigüedad al atribuir la ejecución de ese derribo genéricamente a «los propietarios de dichas casas».
Conviene precisar los términos y desvelar quiénes están realmente detrás de esa etiqueta. Quien presenta el proyecto y ejecuta el derribo no es una comunidad de vecinos, sino la Junta de Compensación -formada por los propios promotores y constructores-, que ostenta la titularidad del suelo no por un entendimiento voluntario, sino como consecuencia directa de un expediente de expropiación forzosa. En ella nadie se marcha por voluntad propia: ni los propietarios ni los habitantes abandonan sus hogares por un acuerdo voluntario ni por una operación mercantil, sino bajo la imposición de un procedimiento administrativo.
Es verdad que la ley permite a los promotores hacerse con el suelo de esta manera. Pero esa misma ley del Suelo también les impone obligaciones ineludibles con respecto a los afectados; entre ellas, garantizar su derecho al realojo y atender a su vulnerabilidad cuando la propiedad expropiada constituye su vivienda habitual, cumpliendo así con el principio de indemnidad de dicha ley.
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