La fatalidad de la alta velocidad ferroviaria
A menudo se nos intenta convencer de que las tragedias son fruto de la inevitable fatalidad. Sin embargo, no hay tal fatalidad, sino una causalidad evidente que las autoridades competentes evitan afrontar para eludir responsabilidades políticas.
Los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados en España se presentaron en las Cortes en octubre de 2022. Desde entonces, el país funciona de prórroga en prórroga. En este contexto de descontrol presupuestario y gasto oficial, en los últimos diez meses se han registrado 120 víctimas mortales en la alta velocidad ferroviaria española. Resulta alarmante constatar que, en este mismo periodo, el resto del mundo no ha registrado ninguna víctima mortal en este tipo de infraestructura.
Los datos reflejan, por otra parte, una preocupante correlación: la entrada de nuevos operadores de bajo coste y el aumento masivo de frecuencias han provocado que el gasto de mantenimiento por pasajero caiga un 37,5% durante la última legislatura, tocando mínimos históricos de apenas 8,50 euros por viajero este año. Esta reducción es el reflejo de un modelo económico donde los gastos demagógicos nos endeudan mientras la inversión real en el mantenimiento de los servicios básicos se encoge.
Gobernar sin presentar presupuestos se traduce en gestiones opacas y sin control. Ante las desgracias, la prioridad política no parece ser el análisis técnico de las causas para evitar que se repitan, sino el señalamiento de culpables. Pues diez meses después del siniestro de Adamuz, el informe oficial sigue pendiente, al igual que las respuestas que los ciudadanos merecen. Pareciera que, para la Administración, las víctimas ya no tienen prisa, y se vea obligado el usuario a pensárselo dos veces antes de subirse a un tren de alta velocidad.
Carlos Muñiz Cueto
Gijón
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