Representantes públicos

Solucionar los defectos de comportamiento de los representantes públicos, que están provocando un fuerte rechazo en los ciudadanos, no es tarea sencilla.

En primer lugar, porque los propios partidos políticos están contentos con la situación, y en segundo lugar, porque llegado el caso milagroso de que quisieran arreglarlo, habría que modificar la Constitución, de forma que los electores tuvieran el poder sobre los elegidos, a través de la elección personalizada, y modificar la Constitución provoca un auténtico pánico a que los partidos nacionalistas aprovechen que el Urumea pasa por San Sebastián o el Ter por Gerona para arrimar el ascua a su sardina, como si un acuerdo entre las dos fuerzas políticas que recogen el 85% de los votos de los ciudadanos no fuera suficientemente democrático.

Para determinadas leyes, se busca el acuerdo de la Asociación de Labriegos de la Vega de Horconcillos de Abajo, con casi 100 asociados, haciéndoles concesiones a veces degradantes para el conjunto del Estado, y se desprecia la colaboración de quien representa a más de nueve millones de votantes. Tal parece que se gobierna contra el partido perdedor en vez de a favor de los ciudadanos. Y la inversa también es cierta. Se rechaza un buen proyecto de ley por el mero hecho de estar propuesto por el equipo gobernante, como si decir «no» fuese toda la aportación de la leal oposición.

Ya se ha dicho que solucionar estos funcionamientos, sospechosamente poco democráticos, no es fácil, pero se pueden poner parches parciales, que mitiguen la sensación de los ciudadanos de ser un limón al que los partidos políticos exprimen sin contemplaciones, a base de incrementar las partidas de los impuestos, y hay que reconocer que esto lo hacen cada vez mejor.

Por ejemplo, se puede exigir que antes de dedicarse a la política, el candidato deba haber tenido un periodo de al menos seis años de actividad en la empresa privada. Con esto se elimina el perfil del personaje que se afilia en la sección de juventud de su partido a los 18 años, y a partir de ese momento no deja de cobrar un sueldo público hasta los 70 años o incluso más. De esta manera, su currículum vítae no empezaría con eso de interventor del partido en la mesa electoral, tarea sin duda importante, pero que no es un evaluador muy fiable respecto a su capacidad de gestión.

Otra limitación podría ser la del tiempo de permanencia en la política, que no debería de superar los 25 años. Exigirle a un político más de 25 años de sacrificios es una crueldad que seguramente no se merece. Así que a los 25 años de cobrar de los impuestos de los ciudadanos, se les libera de su enorme responsabilidad y pueden volver tranquilamente a su trabajo en la empresa privada, donde, sin duda, verán reconocidos sus méritos como gobernantes, para así poder descansar de su agobiante tarea pública.

En cuanto a los sueldos de los representantes políticos, es necesario ponerles límite, porque ya roza lo inasequible para el resto de los mortales. Esta medida, que supone un fuerte ahorro en las arcas de la Hacienda pública, evitaría suspicacias sobre las verdaderas intenciones de los servidores públicos, que hay que suponer que no son otras que el bien común, y no los sueldos de concejales, diputados, senadores, etcétera.

No menos importante es suprimir de un plumazo todas las prebendas adicionales. No podrán cobrar más sueldo que el específico de su cargo, y, por supuesto, no podrán tener más de un cargo remunerado con fondos públicos. Cotizarían por el 100% de todos sus ingresos, tendrían las mismas pensiones que el resto de los ciudadanos, aplicándoseles las mismas exigencias de años de cotización. Los consejos de administración a los que pertenezcan por razón de su cargo público no estarán remunerados. Total, para lo que hacen, que es decir «sí» a lo que les presentan los presidentes de las empresas, sin enterarse de nada, no es necesario retribuir nada. Recuérdese que con motivo de los sobrecostes de El Musel, todos los consejeros declararon haberse enterado por la prensa, y se trataba nada menos que de 220 millones de euros de agujero en las cuentas de la Autoridad Portuaria, ¿de qué hablaban estos consejeros en las sesiones del consejo?

Además, ¿qué mejor remuneración que la satisfacción por la aportación de sus conocimientos al bien común?

Por último, los cargos en la Administración serían de funcionarios profesionales hasta el nivel de director general exclusive, evitando que en cada legislatura cambien hasta los jefes de sección (a veces, hasta los auxiliares administrativos). Se eliminarían las interminables listas de nombramientos y, sobre todo, se profesionalizaría la función pública, lo que incrementaría la confianza de los ciudadanos en su Administración, sabiendo que sus gestiones son atendidas por profesionales capacitados y no por espontáneos digitalizados. Bélgica lleva un año sin Gobierno, y el país no se ha paralizado. ¿Se imaginan esta situación en España?

¿Mejorarían así los niveles de confianza de los ciudadanos en sus administradores? En mi humilde opinión, creo que sí.

Por último, como aclaración general a todo lo escrito, donde se lee político, léase político/a, donde ciudadanos, léase ciudadanos/as, etcétera. Es tan aburrido...