¿Cuánto nos cuesta esta gente?

La discusión generacional, padre-hijo, sobre los límites al derecho fundamental a la protección de datos personales no es habitual, máxime en los términos que se desarrolla. Mientras el viejo defiende su teoría de que la luz de la información ya no hay quien la apague (salvo que se vuelva a la tenebrosa Edad Media), el joven, que tiene a gala que se mueve por internet, Facebook, Twitter y otros foros sin figurar ni siquiera en Google, cree firmemente en el derecho a proteger sus datos y considera que es peligrosísimo tener a la vista del mundo la biografía, el álbum de familia, la foto del portal de la casa, el teléfono, la factura de la luz, la declaración de la renta y todo lo que se nos ocurra (me cuenta que en un foro le sacaron a un internauta hasta las pizzas que había encargado en el mes). Mantener tal postura, al padre le parece imposible, cuando «El gran hermano de la tele está en la palma de la mano con el móvil».

En lo que parece que sí coincidimos es en la publicidad de lo público. Presupuestos, balances, resultados, memorias de los ayuntamientos, diputaciones, institutos, universidades públicas, cámaras de Comercio, empresas públicas, asociaciones, partidos políticos, sindicatos etcétera.

En España, muy pocos ayuntamientos presentan las cuentas a los ciudadanos, ningún partido político y por supuesto los sindicatos. Cientos de instituciones, empresas públicas y hasta los clubes de fútbol no son modelo de transparencia.

Gobierno, Congreso y Senado han promovido normas de transparencia sobre los sueldos, cargos, actividades y patrimonio de los políticos. La publicación de los datos, en general, ha causado indignación.

En octubre de 2009 mandé un correo a la Royal Norwegian Embassy en Madrid, preguntando si era cierta la frase «En Noruega todos sabemos el patrimonio de todos y cuanto ganan al año, simplemente nos metemos en la página oficial de la declaración de Hacienda y sale todo. Y no pasa nada». La respuesta no se hizo esperar enviándome el enlace y un cordial saludo.

Después de unas breves clases de noruego de un amigo sueco, conseguimos entrar en la página web «de regreso al futuro» y encontramos la información fiscal sobre el presidente noruego Jens Stoltenberg y su esposa Ingrid Schulerud.

El presidente noruego en el 2008 declaraba 1.140.697 coronas netas de impuestos y pagaba 508.854 coronas. Traducido a nuestro idioma fiscal declara ingresos brutos por 137,4 mil euros, paga impuestos por 42,4 mil y le quedan netos 95 mil. Tipo medio el 30,85%. Su esposa Ingrid ingresa brutos 59,2 mil euros y paga impuestos por 16,3 con un tipo medio del 27,53%.

En Estados Unidos los políticos y en general los altos cargos de la Administración lo tienen aún peor. El «Watergate» y otros escándalos públicos y el debilitamiento de la confianza del ciudadano en el Gobierno hizo posible que el Congreso promulgara la ley de Ética Gubernamental de 1978 (spain + 33 y sigue corriendo el tiempo). La ley obliga a dar información detallada tanto del impuesto sobre la renta como del patrimonio que se posea. La ley de Ética requiere la divulgación de la información de renta y patrimonio anual por parte de casi todos los cargos públicos, empezando por el presidente. Las declaraciones de la renta de los políticos americanos están en internet y nadie pone el grito en el cielo. No creo que en EE UU se le ocurra a nadie presentar y sellar dos declaraciones: una para el votante y otra definitiva ante Hacienda. En España sin tener que enseñar la declaración se han ido a lo fácil, a lo no creíble: Al valor catastral.

Gijón presume, y con cierta razón, de ser adelantada en España en cuanto a este tipo de información. Se publica el registro de intereses de actividades y de bienes, pero es una foto estática, que quedó varada en el 2008 y aún está, a años luz, de la transparencia yanqui.

Escandalizarse por la publicación de un sueldo (68.000 euros), que en parte proviene de las arcas municipales, y que cuantifican en 106 veces el salario mínimo, es tan escandaloso como que nadie en el pleno sepa dividir. Y si el sueldo tiene componente público importante, aunque a la señora gerente igual le ampare la ley, para nada tendrá el respeto de los que creemos en otro concepto de la ética, de la protección de datos y del futuro al que anhelamos.

¿Algún aspirante a concejal o a diputado autonómico se atreverá a publicar en la red su declaración de IRPF? ¿Y a mantener el compromiso anualmente, si sale elegido?

Nota.- Para mostrar la renta a los electores no se precisa ni siquiera servidor para alojar el PDF de la misma. El concejal que quiera hacerse famoso sólo precisa de octavillas con el NIF y el importe de la casilla 698 con dos decimales.

Aurelio Fernández-Escandón Ortiz

Periodista.