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Señora Migoya, ¿despeja nuestras dudas?

1 de Marzo del 2009 - Felipe Rubial Sánchez (Grado)

En relación al reciente artículo suyo en defensa del empleo público, aunque referido a otros sectores, he de decirle lo siguiente:

Pertenezco al colectivo de expertos docentes que veníamos impartiendo formación profesional para el empleo desde hace más de 20 años y que ahora estamos en el paro gracias a la intervención y buen hacer de sus colaboradores en la Consejería que usted dirige.

Además de crear un grave problema a muchas familias y hacerlo en un momento crítico, con un incremento vertiginoso del desempleo, tengo que recordarle que con dinero público se está ayudando a los bancos, al sector de la construcción, a la industria de la automoción, etcétera, y nosotros, empleados públicos, después de seguir durante tanto tiempo, incluso posteriormente a las transferencias, con un contrato por obra y servicio, es decir, más de 20 años contrato-paro-contrato-paro, algo que no se le hubiera permitido a ninguna empresa privada, pero sí a la Administración pública, ahora de repente no valemos, despreciando y desperdiciando así un capital humano docente con amplia experiencia y formación para seguir impartiendo estos cursos.

Ni tan siquiera se nos despide, sencillamente se nos deja de contratar. Aparece una orden interna de esa Consejería en la que se dice, entre otras cosas: a partir del próximo día 1 de enero de 2009 no se procederá a formalizar contratos de naturaleza laboral con trabajadores de la categoría de experto docente para la impartición de cursos formativos, en tanto no existe dotación presupuestaria en el capítulo de gastos de personal para tal fin. Firmado: Daniel Álvarez Rodríguez, director general de Función Pública

Recordarle que usted es la única consejera que ha tomado esta medida en España. No se plantearon prescindir de los expertos docentes ni las comunidades que gobierna el PP, precisamente por el prestigio de nuestro colectivo. La única Consejería que desde el traspaso de competencias, en el año 2000, fue incapaz de hacer una norma reguladora relacionada con nuestros puestos de trabajo, como se hizo en el resto de comunidades autónomas, o como aquí se ha hecho, con el personal de escuelas taller.

En definitiva, somos el único colectivo del plan FIP que se queda en la calle. Todos los demás están fijos en la Administración del Principado. ¿Por qué será?

Pero lo más grave, señora Migoya, es que usted y su Gobierno, socialistas y comunistas, acaban de aprobar la norma por la cual los cursos que se venían impartiendo en nuestros centros saldrán a concurso público para que empresas privadas se lucren y obtengan un beneficio en detrimento de la calidad de la enseñanza. Es decir, capital público, beneficio privado.

¿Qué sentido tiene si no poner unos edificios públicos e instalaciones con muy buenas dotaciones, como gozan estos cuatro centros, al servicio de manos privadas?, renunciando definitivamente a seguir trabajando con este colectivo, que cuenta con un saber hacer acumulado y ampliamente contrastado durante muchos años. ¿Se le ocurre pensar a alguien que los colegios públicos donde estudian nuestros hijos fueran subastados para que empresas privadas se hicieran con la enseñanza? ¿Sería asumible por los sindicatos, por IU, incluso por el PSOE? Pues que sepa que es lo que están asumiendo. Todo ello, señora consejera, sin mover un solo músculo de sensibilidad.

Usted se presentó a las elecciones con un programa electoral que defendía la educación pública. Después firma un acuerdo de gobierno con IU por el cual se compromete al mantenimiento y estabilidad del empleo público, y ahora nos sale en un artículo (LA NUEVA ESPAÑA, 15 de febrero) defendiendo el empleo público.

Después de leer el citado artículo, nos alegra saber que usted no era conocedora de nuestro problema y que, en virtud de la defensa del empleo público, va a reconducir nuestra situación y nos va a restituir en nuestros centros de trabajo.

Además, ayudará a despejar algunas sombras que existían y existen sobre quiénes pueden ser los beneficiarios de que a estos empleados públicos se nos ponga en la calle.

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