La justicia española es, supuestamente, un cachondeo

Hace unos cuantos años ya, el entonces alcalde de Jerez por el Partido Andalucista, Pedro Pacheco, estuvo a punto de ser empapelado por haber manifestado, a propósito de un caso de corrupción, que la justicia española es un cachondeo.

Interpretando el sentir de millones de españoles de a pie, pero, a la vez, curándome en salud, me permito manifestar yo también que la justicia española es, «supuestamente», un cachondeo.

Baso esta afirmación en tres hechos muy recientes, que han causado, supuestamente, una gran alarma en la sociedad española: la puesta en libertad del sanguinario asesino etarra Troitiño, el traslado del expediente de la «operación Marea» a un Juzgado de Oviedo y los expedientes de regulación de empleo (ERE) en los que, supuestamente, se encuentra implicada la Junta de Andalucía.

El pasado 13 de abril, tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional –María Ángeles Barreiro, Alfonso Guevara y Guillermo Ruiz Polanco– decidieron excarcelar al sanguinario etarra Antonio Troitiño, sobre el que pesaba una condena de 2.700 años por veintidós asesinatos –entre ellos el de once guardias civiles en la matanza de la plaza de la República Argentina de Madrid en julio de 1986–, tras 24 años de prisión, cuando le faltaban 6 años para el cumplimiento íntegro del máximo legal de 30 años que deben pasar en la sombra los asesinos terroristas, al aplicarle, supuestamente, el criterio del doble cómputo de la prisión provisional. Mientras en un pleno de la Sala de lo Penal se acordó que el tiempo de la prisión preventiva se restara del total de las condenas, esos tres magistrados decidieron, supuestamente, descontarlos del máximo legal de 30 años. Ante la indignación que produjo en la opinión pública la anticipada puesta en liberad del sanguinario terrorista –que fue el primer sorprendido–, la misma Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que había tomado tan insólita resolución, acordó revocarla el 20 de abril y ordenar la búsqueda y captura del etarra, para que cumpla los seis años de prisión que, supuestamente, le quedarían para completar el máximo legal de 30 años. ¡Que le echen un galgo! Tan, supuestamente, deleznable sujeto no iba a ser tan imbécil que se hubiera quedado quieto en su casa, por si los magistrados cambiaran de criterio. Y claro, en un supuesto Estado de derecho, sería «ilegal» que la Policía hubiera mantenido bajo vigilancia al individuo que supuestamente había «cumplido» con la justicia, por ir contra los derechos fundamentales de la persona.

El traslado a un nuevo juez instructor de Oviedo del sumario de la «operación Marea» –en la que se encuentran acusados, entre otros delitos, de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, María Jesús Otero Rebollada, y Marta Renedo Avilés, alto cargo de Administraciones Públicas y, supuestamente, funcionaria de confianza de la consejera de Administraciones Públicas, Ana-Rosa Migoya– ha levantado, supuestamente, sospechas e inquietudes. El sumario comenzó a ser instruido en Gijón por la juez Ana López Pandiella contra Marta Renedo Avilés, que, supuestamente, abrió una cuenta en un banco por un monto elevado a nombre de una anciana gijonesa, que tiempo atrás había solicitado a la Administración una silla de ruedas –por lo que sus datos personales figuraban en la Consejería–, la cual no tenía ni idea de la existencia de la misma y a la que la Agencia Tributaria le pedía que rindiera cuentas y explicara el origen de esos ingresos. Tirando de ese ovillo resultaron inculpados también el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y la ex directora general, María Jesús Otero Rebollada. Ya hubo un intento, a primeros de febrero, de que la juez instructora, Ana López Pandiella, con fama de minuciosa y muy trabajadora, se inhibiera de seguir investigando la supuesta trama corrupta, para trasladar a Oviedo el sumario, que contiene más de treinta y cinco mil folios. El 8 de abril la Sección Octava de la Audiencia Provincial decretó el traslado de la investigación a un Juzgado de instrucción de Oviedo, atendiendo la petición de los abogados defensores de los acusados. Ahora un nuevo juez instructor, Ángel Sorando Pinilla, tiene que vérselas con ese ingente volumen de documentos. ¿Cuánto tiempo necesitará para empaparse del contenido de esos treinta y dos mil y pico folios? ¿No hubiera sido más congruente que la juez instructora, que tan diligentemente había trabajado hasta ahora, siguiera adelante? Son preguntas que, supuestamente, se hace mucha gente.

En Andalucía están siendo investigados diversos expedientes de regulación de empleo, supuestamente fraudulentos, al haber sido aplicados a personas –en su mayoría supuestos militantes o simpatizantes del PSOE– que nunca habían trabajado en las empresas beneficiadas por los ERE financiados por la Junta de Andalucía. El Gobierno autonómico andaluz, por medio del consejero de Empleo, Manuel Recio, ha reconocido la existencia de 146 ERE fraudulentos, y la juez que lleva el caso, Mercedes Alaya, ha imputado, el 14 de marzo, al ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, de los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. La juez Mercedes Alaya ha pedido a la Junta de Andalucía que le envíe en un sobre lacrado las 480 actas de los Consejos de Gobierno de los últimos diez años, pero esta última, en un principio, se ofreció a remitir «la certificación de acuerdos o informes concretos que puedan ser relevantes para la causa judicial y también la certificación de inexistencia, en su caso, de acuerdos concretos», pero se negó a enviar las actas, dado que la petición de la juez obligaría al Gobierno autonómico a «incumplir la ley» y «a renunciar a la naturaleza reservada de parte de sus sesiones o a renunciar a sus competencias». Finalmente, el 7 de abril, la Junta de Andalucía entregó, en once sobres lacrados, las 480 actas de los Consejos de Gobierno de los últimos diez años. Pero lo incomprensible es que la Fiscalía Anticorrupción – encargada, supuestamente, de investigar la corrupción– recurrió, el 14 de abril, el auto de la juez que investiga los ERE, considerando que ésta debe pedir sólo las actas relacionadas con los ERE y no todas, según el principio de proporcionalidad. Si bien la juez precisó que sólo le interesaban los acuerdos relacionados con la partida presupuestaria de los ERE, la Fiscalía Anticorrupción señala que las actas constituyen «un todo inseparable».