25 años de reforma psiquiátrica
El pasado 25 de abril se cumplía el 25.º aniversario de la ley de Sanidad que abría el camino a la reforma psiquiátrica en España. En consonancia con dicha reforma (iniciada, como estoy señalando, el 25 de abril de 1986) y con las previsiones de dicha ley, se cerraron numerosos hospitales psiquiátricos en España y se llevó a cabo un movimiento (que aún no ha concluido satisfactoriamente) para permitir que las enfermedades mentales graves pudiesen ser consideradas y tratadas como cualquier otra afección de la salud y sin alejar a los enfermos de su entorno social. Este paso (y la equiparación de los derechos de las personas con enfermedad mental a los de quienes padecen otras patologías y al resto de los ciudadanos), que se conoce en distintos países como el modelo de atención comunitaria de las enfermedades mentales, otorgará una gran relevancia al papel de los «cuidadores» de estos enfermos, que pasan a ser, en su mayor parte, familiares de los mismos (en su mayor parte mujeres), que aún no disponen de suficiente formación e información a día de hoy acerca de cómo tratar, apoyar y cuidar a una persona aquejada por alguna enfermedad mental. La «carga» moral de este problema se ha visto desplazada, de esta manera, de los hospitales psiquiátricos a las familias, pero sin que la formación de las familias respecto a este problema haya mejorado y cuando los recursos comunitarios (previstos, asimismo, en la ley) que tendrían que facilitar este proceso aún resultan insuficientes e incompletamente desarrollados. Asociaciones de familiares y afectados como la Confederación FEAFES (de la cual forma parte integrante la asociación AFESA de familiares y enfermos psíquicos en Asturias) consideran aún «inconclusa» la reforma psiquiátrica, debido a la falta de medios para promover una verdadera (y efectiva) atención comunitaria de las enfermedades mentales, por las que se ve afectado un 3% de la población mundial (aproximadamente 1 millón de personas en España).
Lo cierto es que colectivos como son los presos, los vagabundos o las personas que permanecen sin diagnóstico en el interior de sus hogares y que se encuentran afectadas por una enfermedad mental en ocasiones se hallan en condiciones peores que las de los antiguos psiquiátricos, como denuncia José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES. Y restricciones como aquéllas a las que comienzan a observarse en los gastos en Sanidad por parte de la Generalitat de Cataluña, que afectan directamente a la atención de la salud mental, son igualmente preocupantes.
En definitiva, aunque hay que saludar el cierre de los temibles e inhóspitos hospitales psiquiátricos, así como otras iniciativas como la creación de los CSM (centros de salud mental), que hoy día conocemos en toda Asturias como un avance indispensable y salutífero en la atención a las personas que puedan verse afectadas por alguna enfermedad mental, lo cierto es que aún queda mucho por recorrer y mucho camino que transitar con el fin de que, por ejemplo, los derechos recientemente recogidos en la Carta de Derechos de la ONU sobre Personas con Discapacidad o las previsiones de la reciente ley de Autonomía Personal con relación a dichas personas se vean realmente satisfechos.
Francisco Morán, Gijón
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