Algo más que temores y dudas
Con los primeros datos facilitados por Leire Pajín tras la aprobación el 13 de mayo pasado en el Consejo de Ministros del anteproyecto de «Ley de derechos del paciente terminal» (Cuidados Paliativos y Muerte Digna), se han producido las reacciones más diversas. Tienen un denominador común las provenientes de los que luchan por defender el valor de la vida: que se resume en una supuesta ley de eutanasia encubierta. Contrariamente a la de otros, que opinan que se ha perdido una ocasión para implantar un «nuevo derecho» de lo que ahora se llama un «nuevo orden mundial», y completar así un proyecto ideado con el último eslabón mortífero que faltaba por incluir: la eutanasia. Y para los más: la de una indiferencia abrumadora ante un hecho que ha pasado inadvertido, una vez más, entre las muchas preocupaciones cotidianas. Pero debemos saber que estamos tratando un asunto demasiado serio como para ignorarlo o minusvalorarlo.
Subtítulo: A propósito de una supuesta ley de eutanasia encubierta
Destacado: Produce horror sólo pensar que se pueda poner fin a la vida de los pacientes sin contar siquiera con su consentimiento
Tengo la impresión de que en un tema tan delicado y de tanta implicación personal como es éste, se puede estar utilizando una estrategia del eufemismo y el ocultamiento, de conceptos contradictorios e ideas imprecisas, que podrían encubrir una realidad que todos queremos conocerla sin tapujos. Me han llegado comentarios de que la ley de Muerte Digna abre las puertas a prácticas eutanásicas y degrada al médico al papel de ejecutor; inventa falsos derechos mientras recorta derechos auténticos; introduce confusión en los ciudadanos y deterioro de las libertades y derechos fundamentales. Habrá que demostrar que tales acusaciones son falsas, si se quiere que esta ley sea una ley justa. Porque, como todos sabemos, las leyes injustas de esta naturaleza, además de la muerte, suelen dejar tras de sí la pérdida de la conciencia personal y social acerca del valor de la vida humana. A raíz de tales comentarios sobre la «muerte digna», un estimado amigo mío, ya entrado en años y enfermo, me decía recientemente: que además de confuso, se sentía tremendamente preocupado y hasta horrorizado, con lo que podía encontrarse en la fase terminal de su vida. Repetía: «No se si moriré o me matarán, desconfío de los que me puedan atender en esos momentos». En el ojo de mira estaban los médicos (no todos), los sanitarios y hasta sus más allegados. Este testimonio podría recoger el sentir de muchos otros.
No cabe duda de que la legitimación de ciertas prácticas eutanásicas y la abolición de principios deontológicos como: la sedación a título de derecho absoluto del paciente, la omisión de toda referencia a la objeción de conciencia, la retirada de las medidas de soporte vital, la imposición de la voluntad del paciente o del médico con menoscabo de las exigencias éticas y profesionales acarrearía sin duda graves consecuencias a las personas y a la sociedad. Una de ellas sería la inevitable presión moral sobre los enfermos, ancianos y discapacitados, que podrían sentirse como una carga para sus familias y para la sociedad, tentados a su propia eliminación antes de ser gravosos a los demás, como ha sucedido en algunos países europeos. Otra es que las prácticas eutanásicas llevan consigo la malicia del suicidio y a veces del homicidio, sin olvidar la desconfianza que las mismas suscitan hacia las familias e instituciones sanitarias. Produce horror sólo pensar que se pueda poner fin a la vida de los pacientes sin contar ni siquiera con su consentimiento. La vigencia de una ley como ésta generaría desconfianza y temor en los enfermos, ancianos, discapacitados, etcétera. Sufrirían las relaciones entre los mayores y los más jóvenes, en el seno de las familias, entre pacientes y facultativos e instituciones sanitarias. Se depreciaría la vida humana. Toda una verdadera tragedia.
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