¿Maquiavelismo o imprevisión?
Conocido es que cualquier contribuyente puede incluir en su declaración de la renta a aquellos ascendientes que convivan con él, obteniendo así determinados beneficios fiscales, siempre que éstos tengan renta brutas anuales inferiores a 8.000 euros; estos beneficios aumentan si los ascendientes están afectados por graves minusvalías; menos conocido es que el tope de ingresos indicado permanece sin actualizar desde hace años, con el consiguiente perjuicio para el contribuyente al no aplicársele ninguna corrección que tenga en cuenta anualmente la inflación o el IPC.
En mi caso concreto, convivo con una ascendiente de 97 años, afectada por una minusvalía del 91% y beneficiaria de una pensión mínima de viudedad, pensión que, en una medida publicitada como eminentemente social, pasó de 7.890,82 euros en el año 2009 a 8.229,20 euros en el año 2010, con un incremento anual de 338,38 euros.
El daño colateral de este aumento se concretó en que al superar el tope de ingresos establecido para el ascendiente, quedaron eliminados todos los beneficios fiscales de aquellos contribuyentes que lo tengan a su cargo, ya que al ser esta pensión la mínima existente, ningún ciudadano pensionista cumple el requisito exigido. Concretamente a mí me ha supuesto pagar 3.955,58 euros más de IRPF que en el año 2009, con casi 500 euros menos de ingresos brutos. Naturalmente esta medida aplicada a toda España ha producido un jugoso beneficio para las arcas del Estado, del que nada se ha oído. La jugada es perfecta.
¿Medidas premeditadas o errores de cálculo? Me inclino por esto último. Es probable que nuestro presidente ignore el perjuicio causado. Digámoselo todos los afectados (seremos miles) para que no siga insistiendo en llamar mentirosos a quienes acusan a su gobierno de aplicar medidas antisociales.
Pilar Riveiro
Gijón
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