Las amenazantes conquistas de Bildu
No podría ser menos. Un grupo de gente con capacidad de adscripción a las instituciones y a la política administrativa local, por obra y gracia del Tribunal Constitucional, se ha convertido con 123 alcaldías –entre ellas la de San Sebastián– y con más de 1.100 concejales –salidos de las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado 22 de mayo– en la primera fuerza política del País Vasco por número de consistorios. La formación de Bildu –coalición de elementos aberzales, Eusko Alkartasuna (EA) y Alternativa, una escisión de EB, la IU vasca– lidera las instituciones locales del País Vasco. Más sorprendente que la victoria es el sujeto que la obtiene, que previamente había sido calificado como proetarra por el Tribunal Supremo. Este dato introduce un punto de inflexión de consecuencias incalculables. ETA está en las instituciones, ha sido la consecuencia lógica y el comentario unánime ante los resultados obtenidos en los comicios.
ETA ya había sido ilegalizada y contabilizada entre los grupos terroristas por instituciones nacionales e internacionales; Bildu, en la nueva situación, será presumiblemente su representante político, su portavoz, su gestor, que por el número de concejales obtenidos atesorará un inmenso poder institucional en la administración local y foral. Por de pronto, Bildu-ETA controlará de entrada más de mil millones de euros, la Policía Local, el acceso a la información de los ciudadanos, de sus bienes, etcétera. Tal situación, lógicamente, produce honda preocupación, miedo, terror, una vuelta atrás, por todo lo que les puede acontecer a aquellos ciudadanos que se opongan a los programas, itinerarios y objetivos, previamente negociados entre el actual Gobierno de la nación y ETA, como señalan con rotundidad algunos destacados políticos y Voces Contra el Terrorismo (VCT). Esto exige un esclarecimiento total a la ciudadanía por parte de los imputados, entre ellos también Bildu, por el papel que puede representar en este asunto. Sin embargo, los primeros pasos de esta formación no han despejado nuestras dudas, al contrario, nos han reafirmado en las mismas.
No ha habido, por parte de Bildu, una condena directa y explícita de las muertes producidas por ETA (casi un millar de muertos), de extorsiones ejercidas (cantidades ingentes de dinero incautadas por el «impuesto revolucionario») y de secuestros realizados, todos ellos atribuidos a ETA; no ha existido un reconocimiento de daños causados, ni su justa reparación, ni petición alguna de perdón a las víctimas del terrorismo; más recientemente no se han condenado los incidentes de Elorrio; se ha impedido entrar a la prensa a un Pleno municipal; se han retirado las banderas españolas de los salones y balcones consistoriales; se prosigue con parecidas amenazas, abucheos e insultos de siempre contra concejales de otras formaciones políticas. ¿Quién nos puede convencer de lo contrario con tales comportamientos? Entre los objetivos de Bildu figuran la creación de un escenario democrático para Euskal Herria, el cambio económico y social progresista pueblo a pueblo: una democracia participativa. Pero no nos explican cómo se hará esto, qué medios se utilizarán, si respetarán a los que no comparten sus proyectos y actuaciones. Hablan de «normalización» pero sin especificar en qué consistirá la misma, signifique ésta lo que signifique. Se reiteran en los objetivos de siempre: reagrupamiento de presos, legalización de Sortu, etcétera.
Queda la gran incógnita de un proyecto independentista a realizar, con o sin armas. Ésta es la cuestión clave. La renuncia a la violencia supondría trabajar por una aspiración o reivindicación políticamente legítima y acorde con la democracia. Lo contrario supondría continuar con la misma barbarie totalitarista e inhumana. Esto no es aceptable.
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