La ley de Dependencia
Desde el año 2006 llevo desempeñando funciones laborales de trabajadora social en el área VIII de Servicios Sociales. Después de ponerme al día en expedientes, en casos, en la ayuda a domicilio, en subvenciones, en cursos y diversos programas de atención, nunca jamás me había sentido tan feliz, hasta que se inició el plazo de solicitud de las prestaciones de la ley de Dependencia.
Se empezó de cero con un nuevo sistema de protección a nivel nacional y la información que llegaba a través de los medios de comunicación aumentaba las expectativas de los usuarios, creyendo los solicitantes que les iban a dar «una paga» por cuidar a personas con necesidades de autonomía personal (mayores, discapacitados y enfermos mentales).
Pues bien, al año de cursar solicitudes llegan las primeras resoluciones del grado y nivel, bastante adecuadas a las situaciones de los solicitantes (con alguna excepción); después llega otra vez el papeleo para valorar económicamente por si se opta por una prestación económica o servicios de atención. Es aquí donde surgen los mayores problemas: la valoración económica y demora en la resolución y firma de los programas individualizados de atención (derechos de la ley: prestaciones económicas o servicios de atención).
Los solicitantes, impacientes, llaman de vez en cuando, piden información sobre el estado de sus expedientes, les explicamos que los resuelve la Consejería competente en la materia y que desde los equipos territoriales de Servicios Sociales les llamarán para negociar el programa individualizado de atención.
Entonces es cuando aún «se lía más el asunto», porque se pide información de la valoración económica a la sección de dependencia de la Consejería competente y, qué sorpresa, ¡no han recibido documentación referente a expedientes de valoración económica!, en mi caso concreto, dos expedientes. Cosa rara ésta, ya que el correo va certificado y con acuse de recibo la mayoría de las veces, y Correos funciona estupendamente.
Los responsables de la sección no dan crédito a lo que pasa, ¿dónde se han archivado esos expedientes de valoración económica? No saben, no dan información clara... Te piden una copia de lo enviado hace ya meses e incluso hace un año y medio para activar por segunda vez la valoración económica de un expediente.
Todo esto perjudica en la percepción de los derechos de la ley, que entendemos que deben ajustarse a un control exhaustivo, pero los retrasos los sufren los usuarios y los profesionales de los servicios sociales de base, objeto de quejas, desesperanza, escritos en las páginas de opinión de los diarios regionales y, para colmo, los responsables políticos creen a ojos cerrados todo tipo de disparates acusatorios y difaman la gestión de las unidades de trabajo social, dudando de la profesión.
¿No será que les conviene el retraso en las resoluciones de los programas individualizados de atención porque existen presupuestos limitados y sujetos a un número de usuarios por año o meses en la percepción de las prestaciones económicas, y que con tanta novedad y trabajo no existen profesionales suficientes en toda la región para articular el Sistema Nacional de Dependencia?
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