España necesita mucha pedagogía

Estamos inmersos en una crisis económica producida por la actual coyuntura mundial, cuyo ciclo a la baja parece que ha tocado fondo, aunque en España tenemos mayores dificultades como consecuencia de haber construido en diez o doce años lo que en condiciones normales se tendría que haber construido en veintitantos, provocando una endeudamiento tanto público como privado, que no tiene parangón en la historia de España de los últimos cien años, así como una disminución del ahorro privado alarmante.

Dejando a un lado la catastrófica gestión llevada a cabo por el actual Ejecutivo, liderado por el calamitoso presidente que, para nuestra desgracia, se niega a abandonar la poltrona –¿qué tendrá el poder?–, hemos de ser justos reconociendo que la solución a nuestros problemas comunes pasa por algo más que la adopción de medidas, más o menos traumáticas, que, para no variar, recaerán sobre las espaldas de los de siempre: asalariados, funcionarios, pensionistas y todos los que tienen sus ingresos fuertemente controlados por la Hacienda pública.

No obstante lo antedicho, me atrevo a aseverar, partiendo de la base de que no soy experto en materia alguna, guiándome únicamente por los escasos conocimientos adquiridos mediante la lectura continuada de libros, revistas, periódicos, etcétera..., así como por una ya considerable experiencia vital, que para sortear esta crisis hacen falta algunas cosas más que las consabidas subidas de impuestos, que a la postre se revela una y otra vez como el método más utilizado por los políticos de turno (sobre todo, por los gobiernos que se declaran «de izquierdas»). No quiero dejar pasar la oportunidad de criticar duramente a los bancos, puesto que la mayor parte de la culpa es suya, debido a su irresponsable comportamiento de entonces, instando a la gente a endeudarse muy por encima de lo razonable, ofreciendo dinero sin control (que había que importar, puesto que el ahorro existente era nulo), por encima del valor de los inmuebles a hipotecar, los cuales ahora incluso valen menos que antes. Al hilo de lo anterior, se debe añadir que lo de los bancos es para nota: son los accionistas mayoritarios de las grandes constructoras. Es decir, construyen el piso, y a la vez te lo venden, te dan la hipoteca para que se lo compres. Capítulo aparte merecen las cajas de ahorros, habitualmente mangoneadas por políticos –ellos sabrán para qué–, recuerden lo que ocurrió en Asturias con el «caso Mall», llegando el propio Areces a despedir a Menéndez (aunque luego tuvo que ser readmitido, para sonrojo del «alcaldón»).

Como digo al principio de esta carta, no basta con subir impuestos y recortar servicios, lo que se ha de hacer, por ser lo más legal y justo, es incrementar enérgicamente la presión sobre los defraudadores; es inadmisible que casi una cuarta parte de la economía española no tribute a la Hacienda pública; y si eso sucede es porque no se inspecciona lo suficiente. Pero para que esto se lleve a cabo los ciudadanos hemos de tomar conciencia de que si defraudamos al fisco, nos estamos robando entre nosotros; tampoco debemos subestimar las pequeñas facturas que se pagan sin IVA, que suman muchísimo dinero, amén de otras prácticas habituales como poner siempre de menos en las facturas cuando se vende, acudir a «chollistas» que nos efectúan reparaciones en negro, así como un sinfín de prácticas pícaras, altamente nocivas para el sostenimiento del sistema social que tanto nos ha costado conseguir. Otra de las consecuencias negativas que tienen estas actitudes es el «efecto contagio» que se produce ante la sensación de impunidad que percibimos, ya que no creo que haya ningún ciudadano que no conozca los típicos casos del prejubilado que se saca otro sueldo trabajando a «jornada completa» sin que nadie se meta con él para nada (también por parte de muchos pensionistas con invalidez absoluta); a su vez, se podrían mencionar las cotizaciones fraudulentas, sobre todo, en la minería, donde parece que no había oficinistas, ya que se prejubilaban acogiéndose al coeficiente reductor como si estuviesen en el arranque, y así un largo etcétera.

Dicho todo lo anterior, y guardando relación con ello, formularé una serie de preguntas «al aire», y espero que alguien con bastón de mando las conteste públicamente:

1.ª ¿Cómo es posible que una empresa esté pagando sueldos en negro durante muchísimos años sin levantar la menor sospecha?

2.ª ¿Cómo se controla lo que ingresan los «profesionales liberales» si cuando acudes a ellos nunca te ofrecen la posibilidad de emitir factura?

3.ª Sospecho (dudo que sea el único) que una de las mayores bolsas de fraude se da entre estos colectivos. Solo hay que ver lo rápido que se enriquecen los profesionales de algunos gremios que no voy a nombrar, pero que están en boca y a la vista de todos.

4.ª ¿Para cuándo una revisión a fondo de las SICAB y otro tipo de chiringuitos?

5.ª ¿Para cuándo una revisión a fondo que tapone las vías de escape de que disponen los empresarios (en cuanto alcanzan cierto nivel), cuya consecuencia más inmediata es que al hacer su declaración de Hacienda se burlan en la cara de todos nosotros declarando unos ingresos inferiores a los de sus empleados más básicos, dándose el caso de que un conocidísimo empresario de la minería no tiene a su nombre más que un mísero Vespino?

Estoy seguro de que estas medidas por sí solas serían suficientes para sortear la crisis que nos afecta sin tener que recurrir a rebajas de sueldos de funcionarios ni congelación de pensiones.

Y, por último, quiero recalcar el título de esta carta; concienciar a la población para que nos demos cuenta de que si nosotros no contribuimos a sostener el Estado del bienestar, no esperemos que lo hagan las grandes fortunas desde sus confortables paraísos fiscales. Tampoco sería mala idea habilitar un teléfono anónimo y gratuito donde cualquier ciudadano pueda denunciar las irregularidades de las que tenga conocimiento, igual que hacen en otros países europeos a los que nos gustaría igualarnos.

José Manuel Villanueva Fernández

Hevia (Siero)